Investigan caso de concusión en Calvas
La Fiscalía del cantón Calvas de oficio inició el proceso de investigación previa del caso en donde dos servidores policiales estarían involucrados en un supuesto caso de concusión, según la denuncia pública de un periodista de ese cantón, realizada el pasado 27 de abril de 2021. De ser comprobado el hecho , la sanción podría llegar a la prisión preventiva de los unificados.
Hugo Fernando Heras, fiscal de Calvas, manifestó que la noche del martes 27 de abril conoció el caso mediante una denuncia pública de un periodista de la localidad, en donde denunciaba un aparente delito de concusión, por parte de dos servidores policiales.
Según el denunciante, los gendarmes habrían presionado, el último fin de semana, a un joven que laboraba en su motocicleta con el servicio de entrega a domicilio, y para no retenerle dos paquetes de tarjetas sanitizantes se pueda llegar a un “arreglo” y este al no tener recursos económicos se habría puesto mal emocionalmente, y habría sido humillado.
Bajo esos elementos, el 28 de abril la Fiscalía empezó con la investigación previa. “El miércoles a primera hora aperturamos de oficio una investigación por concusión en contra de autores, sin poder precisar lugar, porque tampoco se tiene más que la denuncia en un video público. Por eso procedimos a notificar al periodista para que proceda a declarar en la Fiscalía y con eso tener mayores argumentos”, dijo.
Una vez iniciado esta indagación, como Fiscalía recibieron dos partes policiales por parte de los servidores informando del hecho, los cuales también fueron llamados la investigación. Las versiones de los involucrados serán receptadas el lunes 3 de mayo de 2021. “Lo que queremos es saber cómo ocurrió el hecho, quiénes
EL DATO La única evidencia que existe es un video que circula en un medio de comunicación de un periodista local.
fueron los policías implicados y las victimas en caso de haberlas”, reveló.
Según como avance la investigación, se irá informando lo ocurrido. Un tema de concusión, no es más que un delito contra la administración pública, lo cual es sancionado con una pena privativa de libertad que iría entre tres a cinco años de cárcel.