Guayas y Pichincha suman el 73% de contraros especiales El sector empresarial
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario cumple 10 meses desde su aprobación, con modestos resultados. Persiste la crítica en diferentes sectores.
Suman 81.309 los contratos especiales de emergencia dispuestos en la Ley de Apoyo Humanitario. El objetivo de su creación fue frenar el desempleo en el Ecuador en medio de la crisis económica y sanitaria por el coronavirus; sin embargo, son más los empleos que se perdieron que las oportunidades laborales que se abrieron.
La mencionada Ley fue aprobada en junio de 2020, el confinamiento por la pandemia comenzó el 16 de marzo del mismo año. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se perdieron 341.694 empleos y se crearon 43.677 nuevos empleos.
“Los resultados pudieron ser peores si no aplicaban los contratos especiales”, comentó el analista económico Pablo Villalba, consultor independiente. “El mercado laboral ya estaba bastante deteriorado
cuando comenzó la pandemia. Con el confinamiento las empresas comenzaron a quebrar y se perdieron empleos. Los contratos especiales permitieron de alguna forma salvar algunas vacantes” acotó.
Contrario a Villalba, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicenco, cuestiona la aplicación de la Ley. “Los contratos especiales fueron una excusa para precarizar el trabajo. En algunas empresas pudieron contratar uno o dos, pero en malas condiciones, con sueldos bajos o sin seguridad social, pese a que la norma lo establece”, dijo. “La Ley Humanitaria fue la excusa para que miles de trabajadores fueran despedidos sin una liquidación justa”.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, un 65% de los trabajadores sujetos a un contrato especial de emergencia prestan sus servicios en sectores de comercio, agricultura o ganadería. Además, en Pichincha y Guayas se concentra el 73% del total de trabajadores sujetos a esta modalidad (59564 personas).
El objetivo principal de la Ley de Apoyo Humanitario se concentró en el empleo, es por eso que se establecieron ciertas facilidades para la apertura de nuevos emprendimientos. El Estado dispuso que los gobiernos locales otorguen permisos de operación provisional con una validez de 180 días y en ese plazo debían ponerse al día en temas tributarios y otros permisos.
Hasta el registro de la Ley, 37 de 150 emprendimientos consultados cerraron durante la pandemia, según un reporte de GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Un total de 13,3% de las empresas despidió personal debido a la disminución de la demanda y un 16,8 % recurrió a la disminución de salarios.
Para febrero de 2021, 775 microempresarios y 124 pequeños emprendedores perdieron su sustento. Una
decena de grandes empresas y 41 negocios medianos también desaparecieron, según la Superintendencia de Compañías.
“Lo que sucedió es que ante la falta de clientes, uno deja de su negocio y se vuelca por la informalidad”, cuenta Patricio Salazar, quien tenía un restaurante en el centro de Quito. “Dejé de tener ingresos suficientes y salía a perdida por pagar impuestos, el arriendo de un local y gastos de servicios. Ahora vendo almuerzos desde mi casa y por lo menos tengo un ingreso”.