PRAGMATISMO CONTRA LA CORRUPCIÓN

En nuestro país, ya es tradición que cada nuevo gobierno inaugure su propio organismo de lucha contra la corrupción.

Aunque en un país con plena división de poderes la persecución del asalto a las arcas públicas debería ser competencia de la Justicia, el escandaloso y generalizado nivel que ha alcanzado la corrupción conlleva siempre iniciativas ejecutivas que obedecen al clamor de la ciudadanía. Desafortunadamente, suele pasarse por alto las considerables y problemáticas discrepancias que existen entre la población con respecto a la definición de corrupción y a las prioridades en la lucha contra esta.

Muchos abordan la lucha contra la corrupción como una mera catarsis, castigar los casos más desvergonzados y conocidos, independientemente de su trascendencia real. Otros la abordan con un celo moralista, obstinado e ineficiente que persigue todo caso, todo el tiempo, a toda costa. También hay quienes ven en ella una herramienta más para la pugna política, útil contra los adversarios. Tantas visiones resultan incompatibles entre ellas; mientras existan, al no poder ser todas atendidas, prevalecerá una sensación de impunidad.

En ese contexto, un gobierno pragmático debe recordar que el principal objetivo de la lucha contra la corrupción es preservar y engrosar la riqueza pública. Solo el priorizar los casos que conllevan mayores montos y cuya resolución sea factible, antes que los meramente mediáticos o emotivos, significará más dinero para el Estado, permitirá financiar un proyecto de país e implicará una diferencia real en calidad de vida para la población.