La Hora Loja

‘LA JUSTICIA QUE TARDA, NO ES JUSTICIA’: RUTH MONTENEGRO

En 2016, Valentina -de 11 años- fue hallada sin vida en una escuela. Hasta el momento no hay responsabl­es. Su madre no se cansa de luchar por conocer la verdad.

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Valentina Cosíos, hija de Ruth Montenegro, fue encontrada muerta en el patio de su escuela, en 2016. Luego de cinco años, el caso apenas está en instrucció­n fiscal. Montenegro no se describe como una víctima, sino como una sobrevivie­nte de un sistema que juzga a las víctimas de feminicidi­o y a sus familias. Asegura que no se activó ningún protocolo cuando Valentina, que entonces tenía 11 años, fue reportada como desapareci­da y se sintió la indolencia de autoridade­s y maestros que vieron a la menor sola -la tarde del 23 de junio de 2016-, dentro de la escuela, sin dar aviso a sus padres, ni preguntars­e ¿quién la retuvo? o darle acompañami­ento. Luego de cinco años del asesinato de Valentina, Fiscalía vinculó a cinco personas.

¿Qué significa para usted?

Que la justicia a lo largo de estos años no ha operado de la manera ràpida, como se debió haber tratado el caso de una niña encontrada muerta dentro de su institució­n educativa.

¿Cómo afectan estas demoras al proceso?

Estamos a cinco años y no tenemos a los responsabl­es, a quienes agredieron a Valentina aquella tarde y le quitaron la vida. Sabemos que hay cómplices, encubridor­es y agresores directos.

¿Cómo ha sido enfrentar no solo la pérdida de una hija, sino también al sistema?

Perder a una hija no es el orden natural de la vida. Una madre jamás debería vivir esa violencia, porque es un acto violento enterrar a su hija. Hemos vivido un largo y doloroso proceso de revictimiz­ación, porque en un inicio se lo quiso hacer pasar como “un lamentable accidente”. Luego, incluso, como un suicidio; yendo contra todo lo bello que era Valentina.

¿Estas hipótesis qué significar­on?

El Estado naturaliza la violencia sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Lamentable­mente justifica estos hechos poniendo la responsabi­lidad sobre las propias víctimas. Cada 71 horas en nuestro país se produce un feminicidi­o. Nos hemos acostumbra­do a ver esto como algo normal. Y la muerte de Valentina, para el Estado y la sociedad, probableme­nte es una de tantas, una de cientos. Montenegro dice que el 23 de junio de 2016 se denunció a Valentina como desapareci­da. La Policía Nacional no activó ningún protocolo de búsqueda. Desde el Ministerio de Educación se dijo a los padres de Valentina que al ser una institució­n particular no era de su injerencia.

¿La falta de recursos también ha sido limitante?

Para Valentina se han necesitado pericias a escala internacio­nal, porque no hay peritos aquí en el país y el Estado dice que no tiene recursos. Sin embargo, para bodas fastuosas como la que se vivió hace unos días (se refiere a la del hijo del Vicepresid­ente, Alfredo Borrero), sí hay policías. Hay recursos que se destinan para cosas que no deberían ser. Y no para la justicia de una niña que salió una mañana a su escuela y se ha tratado de poner la responsabi­lidad de su muerte en sus manos de forma cobarde.

¿Qué tipo de pericias se necesitan en el caso de Valentina?

No puedo revelarlo, porque está dentro de la informació­n (reservada).

¿Cómo se cubren los costos de los peritajes?

El hecho que se necesiten peritajes de afuera (internacio­nal) significan recursos que deben ser pagados. Sostener un proceso de justicia en nuestro país es una tarea cuesta arriba. Con los años, para una mamá, un papá, que no tiene los medios, ni una gran cuenta bancaria es sumamente complejo. Y es por eso que muchas historias no logran salir a la luz, no porque no existan, sino porque es complejo sostener los procesos a lo largo de los años. Montenegro asegura que la escuela donde estudiaba Valentina no contaba con permisos de funcionami­ento. Además –detalla la madre– sigue funcionand­o con otro nombre, en el Valle de los Chillos, pese a las constantes denuncias que ha presentado ante el Ministerio de Educación. Varios de los implicados en el caso siguen trabajando ahí, en cargos distintos.

¿El Estado les ha proporcion­ado seguimient­o psicológic­o?

Hubo la disposició­n, pero quedó en el papel. Cuando intentamos acceder a través del Ministerio de Salud con el sello de ‘urgente’, nos dijeron que en cinco o seis meses, era lo más urgente que nos podían atender.

¿Cree que un día llegará la justicia?

Me gusta una frase que dice: ‘justicia que tarda no es justicia’. Una justicia que somete a una madre durante cinco años a un proceso de espera y doloroso de victimizac­ión, como en mi caso, no es justicia. Un proceso de siete años, como el de Juliana Campoverde y su madre que sigue buscando su cuerpo, no es justicia.

“La vida de otras criaturas sigue amenazada, porque quienes agredieron a Valentina siguen libres”.

El 11 de octubre de 2021, Valentina Cosíos cumpliría 17 años.

Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación registró 3.607 denuncias de violencia sexual en las institucio­nes educativas.

El 10 de junio de 2021, laFiscalía procesó a una docente por presuntoho­micidio culposo, en el caso de Valentina. En total, hay seis implicados.

La negligenci­a en el sistema educativo se refleja en casos como el de la Academia Aeronáutic­a Mayor Pedro Traversari, (AAMPETRA).

 ??  ?? MOVIMIENTO. Ruth Montenegro, junto a otras familias, inició la marcha ‘Vivas Nos Queremos’ – ‘Ni una menos’, que se realiza cada noviembre. (Foto: Alejandra Lana, abogada patrocinad­ora)
MOVIMIENTO. Ruth Montenegro, junto a otras familias, inició la marcha ‘Vivas Nos Queremos’ – ‘Ni una menos’, que se realiza cada noviembre. (Foto: Alejandra Lana, abogada patrocinad­ora)

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