Equipamiento dañado
El Ministerio de Finanzas tiene que confirmar el presupuesto para la contratación. Hay controversias.
En un audio de un minuto, enviado la noche del miércoles por mensajería instantánea, los 64 peritos del Servicio Nacional de Medicina Legal conocieron de una posible solución a la terminación de sus contratos.
“Se logró que se pueda extender el contrato de todos ellos durante este año, con la opción de tener también el concurso y de esta manera garantizar la estabilidad”, dice en el audio la directora, Paula Vernimmen.
Pero existe un problema. El Ministerio de Finanzas debe definir cuál será el presupuesto destinado para la contratación. Para este año, el Servicio tiene un presupuesto anual de 3,8 millones de dólares. Su pedido fue de 10 y en 2018 funcionó con cinco.
Hasta el cierre de esta edición, la Cartera no confirmaba cuál sería la asignación presupuestaria para la contratación, lo cual permitiría conocer a cuántas personas se les mantendrá el contrato.
A pesar de la incertidumbre administrativa, los peritos acudieron a trabajar con normalidad ayer, aunque, según la disposición gubernamental de austeridad, su último día era el jueves. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó a La Hora el jueves, que la próxima semana el tema estaría resuelto.
“Siguen trabajando las mis- mas personas hasta que tengamos definida la modalidad (de contratación). Ojalá la acepten”, agregó Vernimmen.
Controversia
El 27 de agosto de 2015, en un decreto presidencial emitido por Rafael Correa, se creó el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, integrado por personal civil, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera.
En ese decreto se establece que las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles de medicina legal y ciencias forenses del Ministerio del Interior, de la Policía Judicial y de la Fiscalía debían pasar al Servicio. Dentro de esas partidas presupuestarias, constaba las de los peritos civiles que en ese entonces trabajaban en la Policía.
Estos cambios legales han generado controversias entre el área policial y la civil. Según el director nacional de la Policía Judicial, Enrique Espinosa de los Monteros, ellos hicieron el traspaso de todas las partidas y equipos y el Servicio no ha dado mantenimiento, no realiza la adquisición de insumos y “ahora quiere sacar a los peritos”. “Se ha generado un inconveniente por parte de este departamento, creado hace tres años”, señaló. °
Uno de los equipos en los que se evidencia los problemas entre la Policía Judicial y el Servicio Nacional de Medicina Legal es el microscopio especial de barridos. El traspaso, según la Policía, se dio en febrero de 2018 y desde el 27 de ese mes está dañado, sin mantenimiento, por lo que 430 muestras quedaron sin analizar. El Servicio señala que recibió el equipo en marzo de 2018 y que en abril, notificó al Ministerio del Interior que fue entregado en mal estado y sin mantenimiento.
Otros equipos dañados en el Laboratorio de Criminalística de Quito son el cuarto frío de conservación de cadáveres, inoperativo y desocupado desde agosto de 2017; un coche elevador para el traslado de cadáveres, inoperativo desde julio de 2018, y dos cámaras frigoríficas.
Contraparte
La directora del Servicio dice que no se ha realizado el traspaso de todos los bienes y que desde 2017 se han realizado gestiones en los Ministerios de Trabajo y del Interior para la creación de un plan de carrera y la apertura de un concurso para la estabilidad laboral de los peritos.
“La Policía Nacional debe traspasar todos los bienes muebles, inmuebles, partidas presupuestarias y personal pericial y esto hasta la fecha no se ha dado”, indicó Vernimmen y agregó que los peritos policiales “deben regirse por las directrices del Servicio Nacional”.