Se busca protección sobre datos de carácter personal
La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de datos de carácter personal requerirán la autorización del titular o el mandato de la Ley.
Esa disposición legal vigente es clara y directa, pero luego de una década de establecida en el artículo 46 de la Constitución, no se cumple: así lo verifican ciudadanos ecuatorianos que cada día son acosados con llamadas telefónicas publicitarias y que no tienen una Ley que garantice la protección de sus datos personales.
Así también lo reconoce el propio Gobierno, que propone una convocatoria abierta para que ciudadanos y autoridades discutan sobre qué debería contemplar una posible propuesta de ley de protección de datos personales.
“Es necesario que el usuario tenga la potestad de decidir qué puede hacer con sus datos, cómo lo puede usar una empresa del sector público o privado y gestionen estos”, señala la directora de la Dirección Nacional de Datos Públicos (Di- nardap), Lorena Naranjo.
Este vacío legal ha permitido, agrega Andrade, que en el 2016 se registren en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) 366 títulos universitarios adulterados o la reciente emisión ilegal de 600 licencias de conducción o envío de notificaciones falsas de asignación de viviendas a 400.000 ciudadanos.
Por ahora, la Dinardap propone que en la Ley se incluya la creación de un organismo independiente del Gobierno con plenas facultades no solo para proteger y controlar el uso de datos personales, sino también para sancionar directamente casos de usos indebidos.