Defensoría iniciará investigación por multas de radares La idea es determinar si existe o no vulneración de derecho respecto a este tema.
Desde que se instalaron los sistemas de foto censores y foto multas en la capital fluminense, han surgido muchas quejas por parte de los ciudadanos que han sido multados por estos dispositivos tecnológicos.
Alberto Bricio fue uno de los ciudadanos que en menos de un mes terminó multado con más de 827 dólares, debido a que excedió el límite de velocidad fuera del rango permitido.
El ciudadano se mostró molesto debido al exceso en los valores de las multas y por el per
juicio que esto representa para su economía, considerando además que su vehículo es una herramienta fundamental para el desarrollo de sus labores diarias.
La queja de Bricio es una de las tantas que a diario se registran por parte de los conductores, quienes además indican que, en algunos casos, las notificaciones de las multas no llegan a tiempo o por lo medios más visibles, lo cual hace que las impugnaciones no se puedan dar en el plazo de tres días de haberse emitido la sanción, según dispone la normativa.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo Ecuador, a través de su Delegación en Los Ríos, ha entablado una investigación con la finalidad de determinar si existe vulneración de derechos en estos casos.
La delegada de la Defensoría del Pueblo en Los Ríos, Mirelli Icaza, indicó que en los próximos días se coordinará acciones interinstitucionales para el efecto, pues la idea es evitar que la ciudadanía pueda estar siendo perjudicada.
Contraparte
Por su parte, el gerente de la Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Daniel Garófalo, replicó que la Defen
soría está en todo su derecho de investigar, si consideran que existe vulneración de derechos.
“Más bien, nosotros estamos amparados y apegados a lo que dice la Ley de Tránsito y de Transporte Terrestre. No hay ningún problema por algún tema de indagación previa”, expresó Garófalo.
Asimismo, el funcionario subrayó que están cubiertos en cuanto a la parte técnica y jurídica, pues considera que en Babahoyo no se está vulnerando ningún tipo de derecho respecto de este tema.