Asamblea propone mejorar coordinación con el Ejecutivo
Dos vetos han llamado la atención. El Presidente casi siempre ha objetado las leyes.
La Asamblea Nacional no vio con buenos ojos que el Ejecutivo vetara, por razones de inconstitucionalidad, la mayor parte del proyecto de ley que crea un registro nacional de violadores de niños y adolescentes. Tampoco que haya vetado, por la misma razón, artículos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como el comiso sin condena.
Esta no es la primera vez que el presidente, Lenín Moreno, objeta parcialmente una ley por razones de inconstitucionalidad. El 14 de noviembre de 2018, lo hizo también con las reformas al Código Orgánico General de Procesos. Esta norma todavía está en trámite y no existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC).
Ante estas últimas objeciones del Presidente, el titular de la Asamblea, César Litardo, lamentó que “estas cosas se vengan dando con el Ejecutivo”, por lo que hizo un llamado de atención para que en el futuro las dos Funciones del Estado trabajen en conjunto, previo a la aprobación de las leyes.
La Asamblea está a la espera del pronunciamiento del Mandatario sobre el proyecto de ley orgánica de actuación, en casos de personas desaparecidas. En el COIP, el Ejecutivo vetó el artículo que creaba el delito de secuestro involuntario, que se relaciona con las desapariciones.
Otras objeciones
Durante la presidencia de Moreno, de un grupo de 25 leyes ingresadas al Registro Oficial revisadas por este Diario, cuatro no fueron vetadas, dos recibieron un veto total y 19 obtuvieron una objeción parcial, de las cuales tres tienen cuestionamientos por razones de inconstitucionalidad.
En ese tiempo, los dos vetos totales fueron objeto de cuestionamientos del Parlamento, pues el uno era el proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción, una bandera del actual Gobierno. La segunda, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fueron aprobadas por la anterior Asamblea.
Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, considera que no hay una buena coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y que no existen conversaciones claras, en el marco de la independencia de Funciones, para no entorpecer el desarrollo normativo del país. A su criterio, para que exista gobernabilidad es necesario madurez política y la capacidad de llegar a consensos entre ambos, en un proceso de negociación política que defina las prioridades de cada Función, sin que esto implique que haya corrupción de por medio.
Por su parte, la vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Cristina Reyes, sostiene que sí debe existir alguna coordinación entre la Asamblea y la Presidencia, pero que también es difícil tener coincidencias entre los 137 legisladores y el Gobierno.
EL DATO El 24 de octubre la Asamblea aprobó por unanimidad la ley de actuación en casos de personas desaparecidas.