FALTAN IMPORTANTES TESTIMONIOS

Poco a poco van desfilando funcionarios, actores sociales, policías y víctimas del paro nacional indígena. La comisión legislativa multipartidista de la Asamblea Nacional acelera el paso. A lo ya conocido, poco a poco se van añadiendo nuevas revelaciones. Sus miembros deberán entregar el informe final el 23 noviembre. Es una crónica a la que habrá que añadir los elementos, quizás más contundentes, que aporte la Fiscalía y que luego se precisen en los tribunales.

El Defensor del Pueblo, representantes de la ONU y la OEA, la Conferencia Episcopal y los rectores universitarios fueron invitados a integrarse a la comisión. Lo que se evidencia hasta ahora, es que hay víctimas de lo sucedido que no asoman en la comparecencia: en primer lugar, los ciudadanos de varias ciudades, ajenos al problema, que padecieron actos de vandalismo de todo tipo. También los compatriotas que dejaron de ir a sus labores cotidianas, a sus escuelas y universidades impedidos por los actos de violencia y las amenazas de los “protestantes” e infiltrados; el personal sanitario cuyas ambulancias fueron apedreadas, incluso los miembros de la Cruz Roja, algo insólito a escala mundial; los bomberos, a los que impidieron cumplir con sus obligaciones.

También a representantes de millones de ecuatorianos a los que, con el apelativo de “pueblo”, los líderes de la revuelta dijeron representar. Líderes que, en sus discursos públicos, se abanderaron en una racista fragmentación de la sociedad dados su clase social y su origen étnico. Tal vez sea este el más grave de los crímenes cometidos en esos duros y ojalá irrepetibles once días de octubre.