Corrupción en crisis se pena con agravante
El COIP establece agravantes a quienes incurran en estos actos durante emergencia nacional o Estado de excepción.
El Covid-19 no es el único virus que ataca al país. La corrupción es un mal que no ha respetado, ni siquiera, la emergencia sanitaria por la pandemia que hasta ayer, 7 de mayo, registra 30.298 contagios en Ecuador.
Según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) los delitos de corrupción representan una pena de uno a 13 años de privación de la libertad.
Sin embargo, se considera como agravante si estos actos se dan durante una emergencia sanitaria o Estado de excepción. Según el COIP el delito de corrupción podría ser castigado con la pena máxima aumentada en un tercio. Aproximadamente, 17 años.
Corrupción en coronavirus
Las irregularidades en la adquisición de insumos médicos se presentan como los principales actos donde se sospecha corrupción durante la emergencia sanitaria que inició el pasado 16 de marzo.
El caso que ‘encendió las alarmas’ se presentó el pasado 28 de marzo, cuando autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reconocieron que iban a adjudicarse un contrato de adquisición de mascarillas en $12 por unidad, cuando
su precio comercial es de $4.
Aunque la Fiscalía y la Contraloría General del Estado han informado que se han abierto procesos de investigación y exámenes especiales para auditar compras realizadas durante la emergencia en casas de salud, como el Hospital Eugenio Espejo y Baca Ortiz; existen otros espacios donde también rondan los sobreprecios.
El último caso involucra a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), cuya titular, Alexandra Ocles, habría aprobado la adquisición de 7 mil kits de alimentos, por un valor de $150,82 cada uno. Sin embargo, el precio de los 18 productos de los kits, no suma más de $85,79,
según una publicación hecha por el portal Primicias.
Los productos habrían sido comprados a la distribuidora ‘StoreCamacho’ localizada en Samborondón (Guayas).
Horas después de la acusación, la Secretaría de Riesgos emitió un comunicado en el que señala que las raciones alimenticias no tienen 18 productos sino 19 y que no se ha tomado en cuenta el valor del envase, etiquetado, embalaje y transporte hacia los domicilios de los beneficiarios. Cabe resaltar, que la diferencia entre el precio de compra y el costo de los productos en el mercado, es de $65,03.
“La adquisición de estos kits de alimentos se ha realizado de manera transparente, se ha cumplido con todos los procesos”, mencionó Ocles en el documento y pidió a la Contraloría General del Estado que revise el proceso.
En el pronunciamiento de la SNGR no se detalla el costo real de los productos. Mientras que en la página del Servicio de Contratación Pública sí consta un convenio firmado por Ocles, a finales de marzo, para adquirir 7mil kits de alimentos por $1’055.740, es decir, a $150,82 por unidad. Esto, sin sumar el IVA.