Las políticas arancelarias
QUITO, EFE • Las políticas arancelarias que se desprenden del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea, que entró en vigor en enero de 2017, fueron analizadas ayer en la Expo Europa 360.
El jefe de estudios de Enseñanzas Especiales en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España, Gonzalo Gómez, participó con una ponencia titulada ‘Aduanas’, en la que repasó los hitos y desafíos que afrontan en un mundo cada vez más global.
"Se trata del equilibrio entre la facilitación del comercio, por una parte, y la existencia de lucha contra el fraude aduanero en el sentido amplio, como una obligación pública", explicó al subrayar que "las administraciones aduaneras están en un proceso de modificación y evolución muy importante".
El acuerdo aduanero entre Ecuador y la UE entró en vigor en enero de 2017 y aunque hasta ahora ha generado un incremento del comercio de entre 20 y 25%, las perspectivas de mejora son inmensas.
Gómez cree que ante la globalización, "no se pueden poner trabas al comercio exterior" y subraya que la razón de la aduana es "el control de logística internacional que tiene la función de facilitar el comercio y controlar con criterios de seguridad policial".
Por eso, descarta la función tradicional que tenía de "cobrar solamente" y considera que los acuerdos de libre comercio o de índole similar "en el fondo, lo que hacen es bajar la recaudación, porque los aranceles acaban desapareciendo en la mayoría de los casos".
Añadió que aunque baje la recaudación, si el tráfico de mercancías es limpio, sube la de impuestos internos como el IVA o de otro tipo, lo que complementa la economía, alienta el comercio y favorece el desarrollo y la creación de puestos de trabajo.