‘Justicia 2.0’, un gasto sin uso
El Consejo de la Judicatura pagó 23 millones de dólares por un producto que no utiliza eficientemente.
La puerta negra metálica, en el tercer piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), permanece cerrada. Únicamente ingresan los funcionarios autorizados, que acceden con sus huellas digitales a través de varias puertas.
Allí está un Data Center. Ahí mismo permanece apagado el sistema denominado ‘Justicia 2.0’, un ‘software’ y ‘hardware’ de administración de trámites judiciales que iba a reemplazar al actual Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).
El Consejo de la Judicatura (CJ) pagó 23’760.000 (más IVA) a una contratista española, contrato por el que la Contraloría emitió un informe, que estableció una glosa en contra de Indra y de manera solidaria al administrador de ese contrato, Luis Estrada Osejo.
Los dos interpusieron demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo, solo se resolvió una en contra de Estrada. La otra continúa. Actualmente está en segunda instancia, después de que se presentó un recurso de casación el
16 de enero de este año.
’Escasez de recursos’
Dentro de ese proceso, el 8 de abril de 2016, el Tribunal acudió a las instalaciones en la CNJ para realizar una inspección judicial del sistema, para verificar si el ‘software’ que entregó la empresa en 2013 a la CJ funcionaba o no. Pero no lo pudieron corroborar, porque el sistema no estaba encendido. “El Consejo de la Judicatura lo ha apagado debido a escasez de recursos”, confirmó un funcionario durante la inspección, que quedó registrada en el acta de la diligencia.
En una serie de publicaciones que realizó La Hora en 2016, el actual presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, mostró preocupación de que “desde un principio se sabía que esa herramienta informática no servía y no se la pudo poner en marcha”. Sin embargo, no hubo la verificación.
La situación
El sistema pasó por un piloto en Santa Elena, que terminó el 31 de mayo de 2014, pero no hubo otra puesta en marcha, como indicó la vocal temporal de la Judicatura, Angélica Porras. Su vocalía realizó un estudio de la situación actual, el objetivo es que el tema sea tratado en el pleno antes de que terminen sus funciones, cuando el Consejo de Participación Ciudadana de transición seleccione a quienes los reemplazarán.
Entre las observaciones que hizo consta que no se reportó al Sercop el incumplimiento del contrato, para que la contratista sea inhabilitada para contratar con el Estado. Por lo que la recomendación de Porras es que la Contraloría realice “un examen especial, especificando por qué no se cumplió la ejecución e implementación” del sistema. “Nos hemos propuesto impulsar la investigación de denuncias de posibles actos de corrupción, como el de ‘Justicia 2.0’. (AGO)