La SIP escucha Informe de Ecuador
Ecuador vive aún las consecuencias de 10 años de autoritarismo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) homenajeó ayer, en su Reunión de Medio Año en Cartagena, al fotógrafo Paúl Rivas, el redactor Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra, que conformaron el equipo periodístico del diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado hace un año en la frontera con Colombia y pidió que el triple crimen no quede en la impunidad.
“La justicia aún es cuenta pendiente y los familiares de las víctimas no descansan y exigen información clara sobre las operaciones realizadas en la zona del crimen”, señala el informe que se relaciona con la situación de la comunicación y la actividad del periodismo en Ecuador.
Cambios en la Ley
Añade que a pesar de que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que por más de cinco años fue considerada como ‘mordaza’, está pasando por cambios halagüeños. Se eliminó la Superintendencia de Comunicación (Supercom), así como la figura de linchamiento mediático y los códigos y normas deontológicas.
Retos gubernamentales
Estos cambios fueron reconocidos por César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, pero aseguró que “vivimos todavía las consecuencias de 10 años de autoritarismo, cuando el periodismo se convirtió en un objetivo político, en un estigma”, lo que generó una cultura de rechazo y desconfianza.
El informe, dijo Ricaurte, que participa en la reunión de la SIP en Cartagena, refleja los retos que tiene el Gobierno, los medios de comunicación, los periodistas y sociedad civil “para dejar atrás esta etapa de autoritarismo que afectó gravemente al trabajo periodístico”.
Lo que falta por hacer
El documento señala los puntos pendientes de resolver, como el que establece que la información es un servicio público, la prohibición para importar piezas publicitarias elaboradas en el extranjero, el libre ejercicio de la comunicación y la obligación la de la profesionalización. También se refirió a la situación legal del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quien “manipuló 300.000 textos de bolsillo de la LOC para sancionar a los medios”.
Contra libertad de expresión
También se recalcaron casos que han atentado contra la libertad de expresión como la suspensión de Mauricio Ayora, conductor de un programa televisivo, por denunciar el cobro automático que entidades privadas hacen a cuentas bancarias por un servicio, sin la autorización y conocimiento de los cuentahabientes, y la intimidación a la exgerente de Medios Públicos Martha Moncayo.
Se suma la sentencia a 20 días de prisión y al pago de $5 mil dólares de indemnización al periodista Henry Córdova, por una denuncia impuesta por la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Roberta Zambrano, quien lo acusó de ‘violencia política’, en julio pasado.
Continúan las amenazas
El informe divulgado ayer por la SIP también da cuenta de las restricciones que tienen los medios de comunicación para acceder a información y el impedimento para realizar coberturas.
La falta de pago de salarios en medios públicos como diario El Telégrafo, la disolución y liquidación de Televisión Satelital; las amenazas de deshabilitación a portales web de periodismo por supuestamente violar la Ley “por tratamiento de datos personales no autorizados o consentidos”, una queja proveniente de Galo Chiriboga, exfiscal general nacional. Esto a raíz de las notas “El Paraíso fiscal de Galo Chiriboga”, “Ecuador financia con gastos reservados el espionaje de Julian Assange” y un reportaje sobre los contratos de las hijas del presidente Lenín Moreno.
Así mismo da cuenta de las amenazas por redes sociales recibidas por varios comunicadores como Carlos Jijón, Andrés Reliche y Fernando Villavicencio. (CM)