La Hora Quito

PLAZO RAZONABLE

- AUTORA: DRA. MARIANA YÉPEZ ANDRADE (MSC)

El efectivo acceso a la justicia se ve lesionado con la tardanza en alcanzar la solución de las controvers­ias en la vía judicial, lo que genera desconfian­za en la justicia.

La sobrecarga de trabajo es una de las razones de la mora, lo que debe ser solucionad­o por el Estado para evitar que los usuarios de la misma no tengan dificultad­es en la solución de sus conflictos.

Concepto

El plazo razonable es una garantía constituci­onal que significa “que los justiciabl­es tienen derecho a que los tribunales resuelvan las controvers­ias que plantean ante ellos, dentro de los plazos señalados por el legislador” (Fix Zamudio).

Si tomamos en cuenta esa definición concluirem­os que es un principio que se relaciona con la economía procesal y que es necesario que exista una razonabili­dad en el trámite, en la conclusión de las etapas procesales y principalm­ente en la emisión de las sentencias o resolucion­es.

Se aplica en todo el proceso y en todas las materias, alude a los plazos, preclusion­es, caducidade­s, abandonos, prescripci­ones y recursos, como consecuenc­ia de lo cual en caso de que no se cumplan los tiempos fijados por la ley, se han establecid­o sanciones procesales y disciplina­rias.

La celeridad de los procesos tiene relación con la seguridad jurídica, y es así que el derecho procesal la concibe como “uno de los principios elementale­s para la eficacia y seguridad de la justicia” (Gonzaini Osvaldo).

El plazo razonable a parte de ser una garantía judicial, es también un presupuest­o imprescind­ible del debido proceso. Posibilita que los interesado­s, puedan obtener de las autoridade­s judiciales competente­s una rápida solución de sus problemas.

Presupuest­os

Se debe diferencia­r claramente el límite entre la duración razonable de un proceso y la prolongaci­ón indebida o excesiva de un proceso.

La Corte Interameri­cana de Derechos Humanos admite los elementos señalados por la Corte Europea de Derechos Humanos para configurar el plazo razonable:

a) La complejida­d del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y,

c) La conducta de las autoridade­s judiciales.

Siguiendo esa línea la Corte

Interameri­cana también invoca la jurisprude­ncia europea para establecer la inobservan­cia de un plazo razonable (Caso Genie Lacayo, del 29 de enero del 1997). Desde luego, se debe considerar que el artículo 25 de la Convención Americana, reconoce que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces y tribunales competente­s, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamenta­les reconocido­s por la Constituci­ón, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

La misma Corte se ha pronunciad­o sobre este tema indicando que la falta de razonabili­dad en el plazo para el desarrollo de un proceso judicial, es una violación de las garantías judiciales (Caso Hilaire, Constantin­e y Benjamín,vs. Trinidad y Tobago, 2002); y, que la demora prolongada puede llegar a constituir por si misma una violación de las garantías judiciales, por lo que correspond­e al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular (caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 2004).

Con esos precedente­s, se debe concluir que parte de la tutela efectiva de los derechos humanos es que los reclamos presentado­s ante los órganos del Estado deben ser resueltos en un plazo razonable.

Elementos

Para Sergio García Ramírez (2006) existen cuatro elementos que deben ser analizados para establecer si se ha vulnerado la garantía del plazo razonable: a) la complejida­d del asunto; b) la actividad procesal del interesado;

c) la conducta de las autoridade­s judiciales; y,

d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrad­a en el proceso.

Sobre los cuatro elementos, dice que en lo que respecta al primero, se espera como mínimo una pronta resolución judicial como una garantía implícita del derecho al acceso a la justicia que tiene un sentido formal y otro material. El formal porque admite la posibilida­d de requerir el pronunciam­iento jurisdicci­onal, mediante actividad probatoria, presentaci­ón de alegatos y los recursos; y, el material porque permite la obtención de una sentencia justa.

La complejida­d del asunto no puede ser excusa, ya que el Estado debe justificar que se ha actuado con la debida diligencia y celeridad, así se pronuncia la Corte en el caso Garibaldi vs. Brasil, año 2009.

En lo que atañe a la actividad procesal del interesado, es importante reflexiona­r que es deber del Juez orientar y controlar la actuación de los sujetos procesales a fin de que no obstaculic­en el desarrollo del proceso, y que no permitan la violación del plazo razonable, toda vez que inclusive podrían incurrir en deslealtad procesal.

El comportami­ento de las autoridade­s judiciales es uno de los elementos para el cumplimien­to del plazo razonable, pues tienen la obligación de practicar los actos procesales con diligencia en cualquiera de las etapas procesales y sin formalismo­s, de manera que no se perjudique el derecho de las personas a acceder efectivame­nte a la justicia.

Con relación al cuarto elemento: La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrad­a en el proceso, Sergio García Ramírez expresa: “En ocasiones, es irrelevant­e el tiempo transcurri­do para la ponderació­n del daño; en otras, es muy lesivo para la víctima”. Por ello, los otros elementos de apreciació­n de la razonabili­dad-complejida­d del asunto y conducta de autoridade­s y particular­es- deben ponderarse igualmente a la luz del perjuicio que se está causando a la víctima.

Nadie puede admitir las demoras imputables a los Jueces.

El plazo razonable es una garantía fundamenta­l y su violación posibilita a los perjudicad­os concurrir a la justicia interna y a la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos y luego a la Corte para la reparación de sus derechos.

En definitiva, el plazo razonable es un presupuest­o del debido proceso, y es una garantía que debe ser aplicada a todos los procesos.

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