En Quito, se investiga por Agua Potable y pruebas Covid
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QUITO • El Municipio de Quito no queda fuera de las denuncias por actos de corrupción que han golpeado al país, mientras lucha por reactivarse ante la crisis generada por el Covid-19.
El gabinete del alcalde de Quito, Jorge Yunda, parece desmoronarse con la salida de varios de sus funcionarios, quienes estaban a la cabeza de entidades municipales que hoy son parte de las 45 investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo en todo el país por presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria.
Peculado y desvío de fondos
La mañana de ayer, la FGE detuvo al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), Guido Andrade, por la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio, al tiempo que se realizaban otros 37 allanamientos en Guayas y Pichincha.
Además, se detuvo a cinco personas más, entre ellos Sofía R., prima del vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas. El delito por el que se les investiga es peculado.
A la Epmaps se suma el desvío de 1,3 millones de dólares hacia cuentas en el exterior (Estados Unidos y Hong Kong) denunciadas por Yunda, la noche del martes. Según el burgomaestre, esto habría ocurrido por el hackeo de las cuentas financieras de la institución. Sin embargo, el Banco Central del Ecuador no tardó en asegurar que las cuentas no fueron vulneradas y que lo que habría pasado respondería a un desvío de fondos vía transferencia.
Yunda, durante una entre
vista televisiva, declaró que esto significa un “golpe terrible”, ya que si bien la Epmaps tiene un directorio que nombra al gerente, “evidentemente nosotros conocemos al perfil de quién ponemos”.
El Banco Central informó que por ahora están tratando de revertir las transacciones y que ya han puesto en alerta a los bancos de los países involucrados, presuntamente Estados Unidos y China (Hong Kong).
Bernardo Abad, concejal, indicó que no se sabe quién, ni cómo se hicieron las transferencias, pues, para hacerlo, es necesario contar con claves, mails certificados y otros requisitos de seguridad.
Funcionarios del departamento financiero de la institución también fueron separados de la institución.
Pero al caso del agua potable lo acompañan otros: el supuesto sobreprecio de las 100.000 pruebas PCR, las denuncias por negligencia al no haber diagnosDesde ticado a los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el presunto cobro de comisiones en el hospital temporal del Parque Bicentenario.
Sobreprecios en salud
La desestabilización en el Municipio empezó con el allanamiento al domicilio del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, investigado por sobreprecio en la compra de las 100.000 pruebas PCR. El contrato firmado por Mantilla fue de $3,7 millones, con la empresa Salumed.
La empresa Salumed S.A. consta en el registro de la Superintendencia de Compañías, como administrada por Bruno Esteban Ullauri Paredes como presidente, y José Antonio Andrade Paredes como gerente general.
En sesión de Concejo Metropolitano, la edil Luz Elena Coloma indicó que la oferta ganadora fue la más costosa, porque otras dos proponían 200.000 pruebas para la detección de Covid-19, con un costo menor.
El caso de Mantilla acarreó otras denuncias. Wilson Toalombo, director de los agentes metropolitanos de tránsito, inpital dicó que el Municipio no cumplió con el ofrecimiento de hacer pruebas al personal que trabajaba ‘en primera línea’ durante la emergencia.
“Se tenía al personal listo en la unidad y no llegaron. Lastimosamente no se pudieron hacer las pruebas”, dijo Toalombo. Además, al haber transcurrido un mes desde que la Alcaldía promocionó las 100.000 pruebas, apenas 626 se habían tomado.
Yunda pidió la renuncia de Mantilla, quien ayer se defendió en una rueda de prensa. (ver nota relativa)
Cobros irregulares
El exalcalde de la capital, Roque Sevilla, denunció que en el hosprovisional ‘Quito Solidario’, que recibe a pacientes leves de Covid-19, se estaban cobrando comisiones.
Sevilla dijo que una fuente cercana le comentó que “la abogada, supongo que de la Secretaría de Salud, le habría dicho (a una empresa) que debía pagar un 20% de comisión si quería ser proveedor del hospital”.
Sevilla le pidió a Yunda que investigue lo que está pasando. “Yo mismo le hice llegar esa información al Alcalde y al Concejo (…) Llamé a varios concejales y les dije que hay funcionarios vergonzosos para nosotros los quiteños”, dijo, al acusar a la primera autoridad de la ciudad, de haberse desentendido de estos temas.