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Un día de intrigas policiales y tramas judiciales se vivió ayer en el país. Quito despertaba con la novelería de estrenar el semáforo amarillo, y el mal sabor de un supuesto hackeo de 1,3 millones de dólares en la cuenta que, en el Banco Central, mantenía la Empresa Pública de Agua Potable.

A las 3:00 de la madrugada de ayer, se movilizaron fiscales, policías y autoridades de control, principalmente en Guayaquil, para efectuar lo que parece un golpe maestro de imagen para el gobierno y uno de infortunio para quienes han caído en la mira de la flamante ‘fuerza de tarea multidisciplinaria’ que con bombos y platillos anunciaran la Fiscal General, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el lunes de esta semana.

Esta nueva entidad de lucha anticorrupción, luego de haber pedido la desaparición de la Secretaría adscrita al Ejecutivo que tenía el mismo fin, claramente representa un esfuerzo ya gestado entre varios organismos del Estado.

La Fiscalía no se cansa de denunciar a funcionarios y entidades que, alega, continúan intentando entorpecer sus investigaciones. Además, ha hecho un pedido claro a los demás organismos de control, al Consejo de la Judicatura y al COE Nacional, para que se retome por completo la actividad en todo el sistema de Justicia. Salazar sostiene que para mover los procesos pendientes, se requiere de toda la cadena de investigación, procesamiento y juzgamiento.

Tomando todas las medidas de bioseguridad ya implementadas por otros sectores, las autoridades deben considerar a la Justicia como un “sector estratégico”. El desangre de recursos públicos en manos de lo que parecen ser innumerables e indetectables redes de corrupción ha costado no solo recursos, sino también vidas.