Castigar la corrupción, una larga y oscura vía
Los allanamientos de esta semana son un golpe mediático; los procesos legales para sentenciar los actos de corrupción, tomarán cerca de un año o más.
Debemos tener conciencia de que la justicia funciona como un engranaje. En este caso, los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía: los casos de corrupción son tratados de una manera distinta. La prisión preventiva debe ser aplicada en casos de corrupción”, DIANA SALAZAR, FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Son 45 los casos que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre corrupción durante la emergencia sanitaria. El miércoles, la Fuerza de Tarea en la que colaboran el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizó 37 allanamientos donde se detuvo a 17 sospechosos, entre estos, el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.
Aunque, mediáticamente, estas acciones se han presentado como un ‘gran golpe’ a la corrupción, no son ni siquiera la punta del iceberg. “Fueron únicamente arrestos momentáneos con fines investigativos. Para que un proceso penal tenga una sentencia deben pasar al menos ocho meses, según los plazos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señala el abogado Macelo Capuz.
A esto se debe sumar los recursos de apelación de los indagados y la carga laboral que la emergencia puede significar para el sector judicial. Además, los casos de Morales y Bucaram dejaron de seguir una misma línea, luego de la audiencia de formulación de cargos.