Una ley llega para rescatar a la palma
La Asamblea Nacional aprobó una Ley que, según los agroproductores, ayudará a la reactivación del sector.
La palabra quiebra entre los palmicultores de Quinindé, provincia de Esmeraldas, no se usa al azar. Se respaldan en dos momentos que los han puesto en ‘jaque’. En 2016 empezaron a detectar entre sus plantaciones la Pudrición del Cogollo (PC). Un año después por medio del censo palmero, se precisó que el 57% de todas las plantaciones de palma africana del Ecuador estaba afectado por el mortal problema fitosanitario.
El avance destructor hizo que, el año pasado, algunos palmicultores no solo pensaran en cambiar de actividad, sino en vender lo poco que lograban salvar, ya que uno de los efectos de la PC es que seca desde su interior a la planta. Ahora, con la emergencia sanitaria por el Covid-19 decretada en marzo, la palabra crisis entra nuevamente en escena.
“La crisis sanitaria y la dificultad de comercializar los excedentes de aceite han llevado a nuestro sector a tocar fondo, con un precio histórico de 60 dólares por tonelada (en 2011 llegó a $240 y antes de la pandemia mundial, a $120), se reciben pagos a 30 días y hay el impedimento de vender la fruta en las extractoras, porque han colmado su capacidad de almacenamiento ¡más bajo no se puede caer!”, se lamentó el presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa), Carlos Chávez.
Ley esperanzadora
Ancupa deposita la esperanza de recuperación en la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados’, presentada por el asambleísta esmeraldeño, Lenín Plaza Castillo.
El texto establece que el Estado promueva la promoción, comercialización, negociación y exportación de la palma aceitera y sus derivados; permitir el acceso al agua de riego y drenaje; garantizar el pago del producto en los plazos fijados por contrato; permitir al palmicultor a acceder a créditos, con tasas de interés preferenciales, 5 años de gracia y plazos flexibles por la pandemia.
La flamante ley dispone a la Autoridad Nacional Agraria generar mecanismos para prevenir el ingreso y/o diseminación de plagas y enfermedades que afecten a este cultivo. Además, obliga a los productores a certificarse, para lo cual se deberá elaborar un reglamento.
La Autoridad Nacional del Ambiente, en coordinación con los municipios y los agroproductores de palma aceitera afectados por la Pudrición del Cogollo en el plazo de 30 días, a partir de su publicación en el Registro Oficial, debe establecer el mecanismo para prorrogar el cumplimiento de obligaciones a los afectados por esta plaga fitosanitaria, previo informe técnico de la Autoridad Nacional Agraria.
Testimonios de la realidad
En un máximo de 90 días, el Presidente de la República expedirá el correspondiente reglamento para su aplicación. Mientras todo aquello que por ahora es ‘letra muerta’ se cumple, la presidenta de la Asociación de
Palmicultores ‘21 de septiembre’ de Quinindé, Miriam Espinoza, advierte que el precio actual de la fruta imposibilita mantener trabajadores en las plantaciones y pagar el transporte de la cosecha.
“No existe relación entre los costos de producción, que son muy altos, y el precio que nos pagan por la fruta de palma aceitera; el Ministro de Agricultura, debe evaluar el volumen acumulado en la industria, porque son los empresarios quienes están pagando aceite barato y lo acumulan, mientras que, en percha, el litro de aceite sigue siendo caro”, reclamó.
Alfonso Núñez, palmicultor del sector ‘Guabal’ de Quinindé, dijo que ahora luchan contra dos frentes: la peste y los bajos precios de la fruta. “Estamos quebrados y desde el Gobierno Nacional no se da ninguna señal para auxiliarnos”, expresó el palmicultor.