Remesas y deportaciones en las políticas de Trump
Pese al riesgo mundial que impone el coronavirus y que sus fronteras físicas permanecen cerradas, Estados Unidos continúa deportando a inmigrantes detenidos sin un estatus legal. La organización de Derechos Human Rights Watch (HRW) considera que enviar a estas personas a sus países de origen, donde en muchas ocasiones no tienen acceso a la sanidad y servicios básicas, es un agravio añadido para ellos y sus comunidades, a las que exponen a la propagación del Covid-19. En especial vulnerabilidad se encuentran nacionales mexicanos y centroamericanos que se encuentran dentro de territorio norteamericano.
Bloqueo a remesas
Por otro lado, Washington amenaza con inhabilitar las transacciones de una financiera cubana, al ingresarla a la “lista negra” de compañías con las que los estadounidenses tienen prohibido actuar. Fincimex, de propiedad del estado cubano, es la principal entidad que canaliza en la isla los envíos de Western Union hacia el exterior. Con esto, miles de cubanos que reciben remesas de sus familiares en Estados Unidos podrían perder su fuente vital de ingresos.
La poderosa compañía, que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos, estaría relacionada con el conglomerado militar GAESA que EE.UU. investiga. En caso de tomarse la decisión, las más de 150 oficinas de Western Union en Cuba, deberán cerrar sus puertas.
Aunque no existen datos oficiales, consultoras especializadas en Cuba y economistas sitúan las remesas como la principal fuente oficiosa de entrada de divisas al país, por delante del turismo, las exportaciones y los servicios médicos y profesionales a terceros países.