‘Fuerza mayor’ en sector petrolero, nuevamente
QUITO • Ecuador se acogió a la cláusula de “Fuerza mayor” para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, debido a una nueva paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La declaratoria de “Fuerza mayor” o “Caso fortuito” es una cláusula contractual que aplica a operaciones relacionadas con contratos en ejecución de actividades exploratorias y de extracción de hidrocarburos, explica el comunicado del Ministerio.
Fuentes del Ministerio aclararon que la declaración por el momento no afectaría al suministro de petróleo, pero que se adopta por si el plazo de paralización se viera extendido.
Medida preventiva
La suspensión de actividades en el SOTE, desde la madrugada del miércoles, responde a la construcción de dos desvíos en la tubería, uno de 380 metros y otro de 690, con el fin de salvaguardar la integridad del oleoducto tras un nuevo socavón en el sector de San Rafael, límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en el norte del país.
“Se estima que los trabajos de construcción a cargo de técnicos de Petroecuador concluyan en el lapso de cinco días; y que, con esto, se logre alejar esta infraestructura petrolera alrededor de 230 metros del margen del río Quijos”, informó el ministro de Energía, René Ortiz.
Derrame en abril
El SOTE, de unos 500 kilómetros de longitud, tiene una capacidad de transporte de 360.000 barriles de crudo por día y conecta los campos de extracción en la región Amazónica con los puertos de embarque en Esmeraldas.
Tras la rotura en abril, como consecuencia de la erosión del cauce del río Coca en los límites de las provincias de Napo y Sucumbíos, organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron recursos judiciales para proteger a unas 120.000 personas afectadas por el derrame de crudo generado por la avería.
Los denunciantes indicaron que el derrame -que calculan en más de 15.000 barriles-, afectó a “105 comunidades indígenas de las nacionalidades Kichwa y Shuar” que habitan en la provincia de Napo; además de otras 60 en las vecinas Francisco de Orellana y Sucumbíos.
Varias organizaciones internacionales no gubernamentales se han adherido a las denuncias de los grupos y exigido al Estado la atención inmediata a sus demandas.