Están presos, pero no merecen morir de Covid.
No se les han hecho pruebas. Los que presentan síntomas no son atenidos, según organizaciones sociales.
Desde hace tres meses, son pocas son las noticias que Norma R., tiene de su esposo, quien está preso en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. “Las personas ahí adentro se están muriendo con el Covid-19. No tienen medicina, no tienen doctores, no les dejan pasar alimentos, ni útiles de aseo”, dice la mujer que ha intentado hablar con las autoridades penitenciarias, sin respuesta.
Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), expresó, el pasado martes, en radio Vigía, que en el sistema carcelario se registran 502 casos confirmados de coronavirus. Desde ese día, este diario ha solicitado una entrevista con Moncayo para preguntarle cuántas pruebas se han hecho dentro del sistema carcelario. Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no ha respondido.
Información oculta
El esposo de Norma se encuentra en el pabellón de mínima seguridad donde, asegura la mujer, hubo dos muertos y otros presentan síntomas, como tos, fiebre y dificultad para respirar. “Todos están ahí mismo. Hay personas de tercera edad o con enfermedades graves”, dice.
En la cárcel de Latacunga -donde están más de 4.000 presoshabía, hasta el 7 de junio, nueve casos positivos entre los internos, informó en un comunicado el SNAI. De igual manera, la información oficial indica que cuatro habrían muerto, dos con Covid-19 y los otros con sospecha por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, las familias de los reclusos dicen que la verdad está oculta, pues habría más casos. Vianca Gavilanes, representante de la Fundación Dignidad, indica que llevan varios meses enviando escritos a el SNAI: “hemos enviado impulsos, exhortos, alertas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en el país sobre los contagios. Pero estas denuncias no han sido canalizadas por las autoridades”.
Gavilánez señala que advirtieron de los contagios mucho antes de que oficialmente se confirmen y que conocen que se han hecho, en Latacunga, a penas 20 pruebas de detección del virus.
Hacinamiento y burocracia
La falta de atención médica y de medidas de bioseguridad agravan más el estado de hacinamiento que, por años, han mantenido las cárceles del país. En marzo de 2019 el hacinamiento tuvo su pico más alto (42,7%). El año terminó con un 33,1%.
Gavilanes dice que la burocracia no permite disminuir estos índices. “En abril, Edmundo Moncayo señaló que habría cambios de régimen con beneficios penitenciarios, que serían procesos prontos con expedientes electrónicos, pero eso no pasa”, asegura.
Esto lo confirma Norma. Su esposo ha cumplido el 60% de su pena, lo que lo faculta a pedir la prelibertad; sin embargo, le han dicho que los expedientes se perdieron y que debe esperar.
“No se ha hecho caso a las denuncias de los familiares y de la sociedad civil”, reitera Gavilánez e indica que los trámites “se les carga a los familiares, para que consigan muchos papeles que debería manejar el propio sistema”.
Según cifras de la Fundación Dignidad, solo en la etapa de mujeres hay 45 casos que han cumplido más del 60% de su pena, pero apenas una ha accedido a una audiencia.
Con estos antecedentes, a Gavilánez le sorprende que el SNAI haya anunciado que 800 presos accedieron, durante la emergencia sanitaria, a la prelibertad. “Creemos que lo que pasa es que son casos que estaban represados desde hace años”.
La abogada Silviana Tinajero cuenta que los reos han iniciado huelgas de hambre para reclamar un trato justo.
“Los voceros de cada pabellón se han reunido con el director pidiendo que les dejen ingresar comida, frutas, agua, mascarillas y vitamina C”.
Además, Tinajero dice que la falta de comunicación oficial no les permite tener cifras claras de la realidad y, por ende, será difícil evitar “un exterminio masivo en el sistema penitenciario. Hay que destacar que los últimos amotinamientos se deben a que la desesperación sube los niveles de violencia”, agrega.
Jamileth Ch., cuyo esposo también está en la cárcel del Cotopaxi, indica que entiende que las penas deben ser cumplidas, pero hace un llamado a las autoridades a tratar con protocolos de bioseguridad a los reclusos. “Tuvimos una reunión como familiares con el señor Moncayo y comunicamos de estas arbitrariedades; solo nos dijo que no que son mentiras. Mi esposo hace un mes estuvo enfermo con fiebre y nunca le sacaron a un centro de salud”.