Nombres de Asambleístas llegan a la Fiscalía
Representantes de Unión Popular piden que se investigue el presunto reparto de instituciones públicas.
Los nombres de varios legisladores han sido involucrados en el presunto reparto de entidades estatales, situación ilegal que se habría cometido para entregar plazas de trabajo a familiares y amistades que brindaron su apoyo durante la campaña electoral.
Al menos tres de los cuatro asambleístas de
Santo Domingo de los Tsáchilas constan en los listados difundidos por varios medios de comunicación, a nivel nacional.
Sin embargo; hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial que certifique o descarte el mal accionar de estos funcionarios.
Queja
Representantes de Unidad Popular (UP) y de otras organizaciones sociales llegaron hasta la
Fiscalía de la provincia Tsáchila para sentar precedentes de lo ocurrido con los representantes locales. El documento fue recibido por esta entidad, en cuyo texto se pide el inicio de las investigaciones para esclarecer el presunto reparto de hospitales, distritos y demás entidades públicas de la localidad.
Julio Mullo, presidente de UP, dijo que el pueblo está cansado de los reiterativos actos de corrupción e instó a los representantes de la Fiscalía a impulsar las averiguaciones correspondientes. “Estamos pagando con vidas en la salud. Nuestros hijos están pagando en la educación por no tener tecnología y los ciudadanos no tienen empleo”.
Gloria Toapanta, presidenta provincial de la UNE, criticó la postura de los asambleístas en la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario y Manejo de Finanzas Públicas. “Los funcionarios públicos utilizan sus cargos para enriquecerse y para enriquecer a otros. Deben rendir cuentas a la ciudadanía de las denuncias reparto de hospitales, distritos educativos y más instancias públicas.