De gasolina y la atroz ejecución de un juez
El juez mexicano Uriel Villegas fue asesinado esta semana con 20 tiros tras haber renunciado a su guardia policial; se sentía seguro.
La mañana del martes, varios hombres armados ingresaron a la casa del juez Uriel Villegas, de 43 años, en la ciudad de Colima, capital del estado homónimo en el oeste de México.
Según las primeras investigaciones, abrieron fuego en contra del juez y su esposa, Verónica Barajas y huyeron. 20 impactos de bala tenía el cuerpo del juez.
En la casa 481 de la calle León Felipe, en una elegante zona residencial de la ciudad de Colima, también estaban dos niñas, hijas del matrimonio, así como una empleada doméstica. Ellas no sufrieron lesiones.
El doble homicidio fue perpetrado por sicarios que, según varias informaciones, fingieron interés por una camioneta que había puesto en venta la familia Villegas Barajas.
Cazador de serpientes
El juez de Distrito, llevó varios casos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y el robo de combustible (huachicoleo).
Entre los que destacan está el de Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’, hijo de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que ordenó su traslado entre penales, donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos. También negó el amparo solicitado por Miguel Ángel Treviño, alias ‘El Z-40’, identificado como el capo más sanguinario de México, quien permanece en la cárcel.
El juez conoció casos de otros miembros del cartel Jalisco, de los Arellano
Félix y de Los Valencia, y condenó a un comandante de la policía, que fue condecorado en 2004 por el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), pero que lideraba la banda de policías secuestradores ‘Los Cobra’. También impulsó la extradición a Estados Unidos de Ismael Zambada Imperial ‘El Mayito Gordo’, hijo de ‘El Mayo’, el histórico líder del cartel de Sinaloa.
‘Murió por hacer su trabajo’
El ataque ha generado preocupaciones por la falta de garantías para los jueces que dirigen procesos judiciales relacionados con crímenes federales graves.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez -quien en el pasado fue ministra de la Suprema Corte-, señaló que el juez estaba haciendo su trabajo. “Murió por hacer su trabajo”, dijo y señaló que llevaba casos de “personajes de la delincuencia organizada”.
No lograron convencerlo
Según fuentes citadas por el diario El Universal, el juez Villegas había renunciado a la seguridad permanente que le ofrecía el Poder Judicial en 2019, al considerar que “ya no la requería”.
La renuncia a sus seis guardaespaldas, una camioneta Suburban blindada y un chaleco antibalas, de los que disponía las 24 horas del día, se dio un año después de que Villegas abriera el procedimiento judicial sobre Rubén Oseguera González, “El Menchito”.
La judicatura le pidió que recapacite, afirmando un permanente riesgo. Pese a esto, el juez insistió y un año antes e su asesinato, renunció a la seguridad.
Algunas versiones de la judicatura aducen que la renuncia pudo deberse a los gastos que enfrentan muchos judiciales, que deben cubrir de sus bolsillos la gasolina de los ‘blindados’ y las comidas y viáticos de sus cuerpos de seguridad. (Agencias y Redacción Global)