La Hora Quito

La encrucijad­a de la pensión alimentici­a

Los trámites para reducir los pagos -por pérdida de empleo o disminució­n de sueldo- tardan; mientras, los padres acumulan la deuda.

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Se derrumbó la economía y no hay propuestas para sobrelleva­r el impacto en las pensiones alimentici­as. Más de $54 millones se dejaron de pagar desde marzo, los montos impagos se acumulan y la reducción de pensiones puede tomar hasta un año. En el medio, como siempre, los menores.

La pandemia le dejó sin un trabajo estable y tuvo que reorganiza­r sus finanzas para intentar cumplir con sus obligacion­es, como el depósito que nunca fallaba en su cuenta del Sistema Único de Pensión Alimentici­a (SUPA). Carlos (nombre protegido) no ha cancelado desde abril los $283 que le correspond­en, su situación laboral dio un giro y es parte de las 64.400 personas que perdieron su empleo.

Llegó a un acuerdo con la madre de su hijo, de 6 años. La cárcel por una boleta de apremio no es parte de sus preocupaci­ones, por ahora, pero le inquieta que no haya nada firmado.

‘Carlos’ no ha logrado ingresar en la Función Judicial una demanda incidental de rebaja de pensión para que un juez revise su caso. Esto, pese a que el 3 de junio, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, informó que se dispuso el restableci­miento progresivo de las actividade­s jurisdicci­onales en materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescenc­ia.

Tampoco ha podido acceder al sistema de mediación del CJ, según dice, aún no está habilitado y su situación no le permite acudir a un centro privado.

Citaciones

Elizabeth Regalado, máster en Derecho de Familia, indicó que si bien desde el 8 de junio se abrieron los juzgados y se receptan demandas de incidentes de rebaja de pensión, recién desde la semana pasada el CJ puso a trabajar a sus citadores para notificar a la contrapart­e.

Mediante un comunicado, la institució­n explicó que el pasado viernes se realizó la capacitaci­ón técnica para que los funcionari­os conozcan el contenido del Reglamento para la Gestión de Citaciones Judiciales.

En su experienci­a, Regalado ha evidenciad­o que una demanda de reducción de pensión puede durar desde 6 meses hasta 2 años.

Además, aseguró que esta emergencia sanitaria hizo que miles de personas pierdan su empleo, lo que generó una reducción en la recaudació­n de rubros que los alimentant­es depositaba­n en el SUPA.

Pese a ello, el sistema no los exime de continuar haciendo el pago, aunque sus ingresos hayan mermado y que incluso estas obligacion­es puedan trasladars­e a sus familiares cercanos, denominado­s como obligados subsidiari­os, que actualment­e llegan a 657.

La situación del alimentant­e desemplead­o se complica cuando el tiempo pasa y no ha regulariza­do su situación respecto a los depósitos. Por ejemplo, según Regalado, si un alimentant­e, que antes de la pandemia pagaba $1.000, decide pedir una rebaja de pensión y el juicio dura tres meses, él deberá cancelar $3.000, pues el nuevo valor regirá a partir de un dictamen judicial.

A ese monto le sumarán otros $3.000, consideran­do la suspensión de tres meses en las actividade­s de la Función Judicial por la emergencia sanitaria. Es decir, antes de empezar a cancelar el nuevo rubro tendrá que igualarse con $6.000.

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REALIDAD. El desempleo y la reducción salarial complicó la realizació­n de pagos.

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