Ley económica alcanza aprobación definitiva en Asamblea Nacional
El 90% del veto fue apoyado, solo se ratificaron 4 artículos del proyecto emitido por la Legislatura.
Con un optimismo cauto de asambleístas de Alianza PAIS, socialcristianos, SUMA y parte de bloque de integración nacional -y las visiones apocalípticas de los miembros del bloque de la Revolución Ciudadana- se trató y aprobó el veto del Ejecutivo a la Ley económica.
Con una votación por bloques, 84 asambleístas votaron positivamente para allanarse a más del 90% del veto presidencial a dicha normativa. Por otra parte, no pasó el allanamiento a las modificaciones a las reglas macrofiscales y de sostenibilidad fiscal, debido a que solo 56 legisladores votaron a favor.
Finalmente, la Asamblea logró ratificarse -con voto mayoritario de los presentes- en cuatro artículos de la Ley aprobada por la Asamblea en segundo debate. Estos tienen que ver con la obligatoriedad que la Junta de Política Monetaria y Financiera fije tasas para los sectores agrícola y ganadero, el respeto a las preasignaciones presupuestarias, la regulación para la baja de los servicios financieros y la extinción de las deudas de la banca cerrada por muerte o discapacidad comprobada.
Con esto, pasan por el Mi- nisterio de la Ley las modificaciones que establecían excepciones para los parámetros de austeridad fiscal en caso de emergencias o estados de excepción, además de reglas como las que establecían que el gasto público no podría aumentar más allá del crecimiento de la economía a largo plazo.
Decisión necesaria
Aunque en la mayoría de los casos, incluso los asambleístas de PAIS, comenzaron sus intervenciones puntualizando que no es una ley perfecta, todos los que apoyaron la normativa coincidieron en que es un paso importante para reactivar la economía y sacar al estado de la crisis heredada por la década correísta.
Así, legisladores como María de Lourdes Cuesta, Fernando Burbano o César Rohon, recalcaron que la Ley económica es el resultado de los correctivos que el Estado se ve forzado a ejecutar a causa de diez años de irresponsabilidad y despilfarro.
Además resaltaron que los aspectos más positivos de la normativa son los incentivos, como el 0% de IVA para insumos agropecuarios y el estable- cimiento de los sectores agroasociativo y turismo comunitario como prioritarios, con hasta 15 años de exención del Impuesto a la Renta.
Homero Castanier, de CREO, resaltó la posibilidad de sacar de la central de riesgos a los pequeños deudores. "Nadie puede cuestionar los incentivos, la posibilidad de sacar de la central de riesgos a los que están ahogados por las deudas y que así tengan una nueva oportunidad de vida, que se liberen a los insumos agropecuarios", dijo.
Resistencia
Por su parte, desde el bloque correísta, asambleístas como Pavel Muñoz expresaron que la Ley no tiene visión de conjunto para desarrollo nacional y obedece a los designios del FMI y el sector empresarial. “Están representados los intereses represados de grupos de poder, que no quieren pagar lo justo a sus trabajadores", acotó.
Rohon, miembro del Partido Socialcristiano (aunque luego no tuvo los votos necesarios para un allanamiento), puntualizó que el capítulo de sostenibilidad fiscal es positivo para el país. "Las reglas macrofiscales se orientan a regresar al techo del 40% del endeudamiento público, que hoy bordea el 60%, a fin de alcanzar un equilibrio, lo que será factible con un efectivo crecimiento de nuestra economía", subrayó.
El 31 de julio pasado, con nueve votos, fue aprobado por la Comisión de desarrollo económico el informe no vinculante sobre el veto parcial a la Ley.