Las alianzas público-privadas son menos del 1% del PIB

Con una reducción de más de 1.200 millones de dólares en el gasto de inversión estatal, durante los primeros siete meses de este año, cada vez es más urgente el impulso a las llamadas alianzas público-privadas. Pero, según un informe del Banco Mundial (BM), estos acuerdos donde el sector privado invierte recursos y capacidad de ejecución en proyectos de infraestructura, representan apenas 0,07% de Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador; es decir, 500 millones de dólares.

Con aproximadamente 640 obras represadas desde el anterior Gobierno, según voceros del Ejecutivo de Lenín Moreno y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el país necesitaría que las alianzas público-privadas asuman al menos el 5% del PIB hasta 2021, o sea, más de 5.000 millones de dólares en construcción de carreteras, infraestructura pública y proyectos de explotación de recursos naturales en las áreas de petróleo y minería.

Reformas a la normativa

Esto solo se podrá lograr, según el BM, si realizan reformas sustanciales en la Ley de incentivos para asociaciones público-privadas, expedida en 2015, sobre todo en la línea de simplificar trámites y requisitos, pero sin descuidar los controles para que las inversiones privadas cumplan los contratos en plazos y presupuestos. Además, se deben transparentar los procesos licitatorios para evitar direccionamientos o ventajas ilegales.

“La transparencia es un elemento clave para mitigar el riesgo de corrupción, que en los últimos años ha cobrado mucha mayor visibilidad en la región de América Latina y el Caribe”, aseveró el documento del organismo multilateral.

Roberto Muñoz, experto en inversiones, explicó que el Gobierno debe aprovechar los beneficios tributarios de la Ley económica para presentar un portafolio amplio de proyectos para empresas privadas nacionales y extranjeras. “El crecimiento económico y el plan de austeridad fiscal dependen, en gran medida, de un trabajo conjunto entre sector público y privado”, concluyó.

Las alianzas público-privadas en la región mueven alrededor de 39.000 millones de dólares en un año.