Diferencias en la Judicatura sobre la injerencia en la Justicia Una vez más, dos vocales comparten criterios distintos por acciones tomadas por Marcelo Merlo.
Injerencia en la justicia. Ese tema es el centro de las diferencias en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Los límites entre la influencia de esta institución en los operadores de Justicia y la independencia judicial difieren entre los vocales temporales del organismo.
Los cuestionamientos iniciaron cuando el presidente, Marcelo Merlo, suspendió a la jueza Paola de los Ángeles Dávila, después de haber revocado la prisión preventiva del exministro de Inclusión Social, Iván Espinel.
Pero esta semana se levantó un nuevo cuestionamiento por el envío de dos oficios por parte del presidente encargado, Aquiles Rigail. Uno al fiscal del Guayas Edmundo Briones, preguntando por qué se archivaron denuncias en contra del prefecto Jimmy Jairala sin haberlas dado trámite.
La segunda, un oficio al juez de Pichincha, Luis Landázuri, sobre la sentencia en contra de Miguel Palacios, quien inicialmente demandó al expresidente Rafael Correa por daño moral. El exmandatario le puso una contrademanda pidiendo indemnización, que fue concedida por un monto de 40.000 dólares. Sin embargo, esta habría subido a 90.000 por intereses.
“Me llamó la atención”, dijo Rigail al referirse a los dos casos. Por eso, envió los oficios. “Solo he pedido un informe al fiscal del Guayas (...). No presiono al juez, solo pido que informe la razón”, añadió.
Según su criterio, no se trata de una injerencia. Lo mismo sostiene el director general, Juan Vizueta. “No comparto que enviar una comunicación a un operador de justicia sea una injerencia. El presidente del Consejo de la Judicatura puede iniciar procesos disciplinarios de oficio, no necesita una denuncia para establecer algún tipo de irregularidad".
¿Injerencia?
“Hay algunos que por la lucha contra la corrupción justifican
cualquier tipo de medida. No podemos mandar cartas ni a título personal, peor a nombre del Consejo”, cuestionó el vocal temporal Juan Pablo Albán.
Él tuvo un intercambio “fuerte” de palabras durante la sesión del Pleno del lunes. Allí, tanto Albán como la vocal Angélica Porras, cuestionaron la acción de Rigail. Su respuesta: “Es mi deber”.
“Las cartas son injerencia. Así se ve desde el operador de Justicia, aunque esa no sea la intención”, añadió Porras. Para ella, este es un tema “que no se puede transar. No puede existir injerencia en la Justicia de ningún tipo”.
La posición de los dos vocales es que esta conducta no se puede repetir. Rigail señaló que esos son los dos únicos oficios que ha enviado, pero no especificó si continuará haciéndolo o no.
Además, insistió que estas diferencias al interior de la Judicatura son normales y que no afectan el objetivo común por la que fueron designados por el Consejo de Participación transitorio: sanear viejas prácticas de la época correísta.
La ceremonia de posesión se realizó en presencia de representantes de organizaciones sociales.