Cifras sobre violencia sexual siguen dispersas
“¿Cuál es el precedente real que se está dejando luego de este año de trabajo?”. Así increpó ayer Amparo Molina a los legisladores que forman parte de la Comisión especial creada por la Asamblea para investigar la violencia sexual en el ámbito educativo.
Molina es la vocera de los padres de los 41 niños que fueron abusados por un profesor en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), de Quito, y cuyas siglas toma esa Mesa. Ayer solo estuvieron cinco de sus nueve miembros, quienes no solventaron la duda.
El plazo para que entreguen un informe termina el 27 de este mes, después de cumplir un año de trabajo, aunque coincidirá con el receso legislativo. Por eso, su presidenta, Silvia Salgado, manifestó que el documento final estará listo en septiembre.
La ministra de Inclusión, Ve- renice Cordero, dijo ayer que esa Cartera ha registrado 322 casos de víctimas de violencia sexual contra niños. Explicó que ese dato ha sido levantado en ocho meses y que actualmente mantienen a 2.552 menores en casas de acogimiento, de los cuales el 13% se encuentra por causas de violencia sexual.
Salgado, en cambio, comentó que durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión 1.065 casos han sido procesados, lo que incluye a 292 que se habían archivado en años anteriores y fueron reabiertos.
Eso es solo una cuarta parte de los 4.111 casos de abusos sexual en el interior de centros educativos que registra el Ministerio de Educación, entre 2014 y 2016. De allí que Muñoz espera que la cifra unificada conste en el informe final.
“Ha habido una descoordinación de todas las entidades del sector público en atender a las víctimas”, apuntó el legislador.
El 27 de agosto cumplirá un año de funcionamiento la Comisión Aampetra.
Resolución
Por lo pronto, ayer los comisionados aprobaron una resolución para rechazar los delitos de violencia sexual en contra de los niños y adolescentes, reconocer la lucha de sus padres en busca de justicia y solicitar a instituciones religiosas y del Estado que actúen en garantía de los derechos de este grupo. El documento deberá ser discutido y aprobado por el Pleno de la Asamblea.