Ecuador no se ha preocupado por regular criptomonedas
Diana Salazar, directora de la UAFE, mira el ciberespacio como otra frontera para prevenir lavado de activos.
¿Por qué el Estado no ha cumplido con una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al lavado de activos: tener una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)?
La ENR es la recomendación que fija los estándares de lucha contra el lavado de activos. Por eso, uno de los principales compromisos desde que estoy al frente de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es iniciar este proceso. Estamos cerrando la negociación con el Banco Mundial para que ellos nos permitan utilizar su metodología. En los próximos días se hará la suscripción formal.
¿Cuántos sujetos privados son obligados a remitir su información financiera?
6.936 sujetos deben informar a la UAFE, mes a mes.
El país conoció que en un solo sector –minería ilegal– se lavaron USD 500 millones. ¿Cómo trabajar con un enfoque preventivo frente a otros sectores?
La minería aún no es un sector sujeto de control, pero estamos trabajando por su alto riesgo.
Por ciertas recurrencias a escala internacional, hay ámbitos que son más susceptibles al lavado: inmobiliarias, espectáculos, patios de autos… ¿Qué otros actores productivos deberían estar involucrados en esta tarea?
No se trata de criminalizar el de- sarrollo, sino de regular para que otros sectores no sean susceptibles de alguna actividad ilícita. Así, una de las recomendaciones es involucrar a los contadores y los abogados que tengan la representación de sociedades (para prevenir que no se desarrolle) un ejercicio de doble contabilidad o de evasión de impuestos. Otro sector es el de las transportadoras de valores…
Porque la plata ya no solo se va en saquillos…
Por supuesto. Usted solicita mediante una orden al banco que trasladen un valor a uno u otro lugar y el momento en que se efectivice el dinero ya se pierde el rastro. En cambio, cuando se realiza una operación financieramente, tenemos la posibilidad de seguir el rastro del dinero. Por eso es importante tener el registro de transportadoras y ver adónde transportan. En el caso del oro, por ejemplo, se solicitaban los servicios de una transportadora para llevarlo a la frontera.
Cuentas en bancos internacionales o sociedades en paraísos fiscales ya no son la última pared en la prevención del lavado. ¿Qué acciones están desarrollando para indagar en la web profunda o en monedas virtuales?
Pondré como ejemplo el tema de las criptomonedas. Ecuador no se ha preocupado de establecer regulaciones, pero llegará el momento en que tengamos que echar una mirada hacia allá. La delincuencia, al verse develada en sus modos de actuar, cambia y nosotros nos debemos capacitar frente a nuevas formas de criminalidad.
De los procesos de corrupción en el sector público ¿hay premisas que nos lleven a buscar en el ciberespacio?
Hemos tenido experiencias de estructuras muy complejas como el caso Odebrecht. Así como la delincuencia ha permeado fronteras, el Estado debe tener la capacidad de tener intercambio de buenas prácticas y de información.
¿Acuerdos como el que se tiene con el Instituto de Basilea se mantendrán? Esta ayuda fue vital para Perú, por ejemplo.
Debemos estar conscientes de que Perú se demoró 15 años en recuperar dineros de la corrupción. Y nosotros estamos iniciando con esta práctica.
¿Qué otras puertas de cooperación se están tocando?
Son varias, pero las debemos mantener en reserva para que la acción sea efectiva.
¿Cómo evalúa la decisión presidencial de estimular la delación para recuperar los dineros de la corrupción?
La delación o la cooperación eficaz es un instrumento jurídico muy efectivo para luchar contra el crimen organizado. En estas estructuras criminales es muy difícil llegar al beneficiario final a menos que alguien en la organización hable.
Odebrecht, sin embargo, es la punta de un iceberg. ¿Qué decir de las negociaciones petroleras, de las relaciones con China, de los Sectores Estratégicos?
La investigación del caso Odebrecht dejó una pedagogía. Los temas que se señalan son de carácter investigativo y la UAFE se dedica al análisis.
¿La UAFE debiera tener una facultad investigativa?
No necesariamente, porque esa capacidad la tiene constitucionalmente la Fiscalía.
Un estudio del BID indica que en la década anterior se perdieron alrededor de USD 70.000 millones por mal manejo o corrupción. ¿Cuánto le llama la atención esta cifra?
Más que llamar la atención, preocupa. Pero esto implica un nuevo reto: tenemos que develar dónde están esos fondos, qué pasó con esos dineros. Y esto pasa por delinear una estrategia, con lo cual volvemos sobre la Evaluación Nacional de Riesgos. En este caso, conocemos la medicina, pero debemos perfilar la enfermedad, es decir, cuáles fueron las rutas, cómo se manejaron, qué tipologías criminales se desarrollaron para generar una política de prevención.
Hubo muchos intersticios: las formas de contratación directa, el giro específico del negocio, etc…
Exactamente. Hay que identificar al beneficiario final. Y allí quizás nos vamos a encontrar con algunas sorpresas.
¿Muchos rostros conocidos?
O por conocer, también. (IFP)