El Estado se disculpa por detención ilegal
Acatando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de la Judicatura se disculpó ayer públicamente, a nombre del Estado, con Daira Olinda Portocarrero Hurtado, una mujer que estuvo presa ilegalmente durante 26 meses.
El 14 de octubre de 2004 fue detenida en Quito por portar una dosis menor de droga. El 30 de agosto de 2005, durante el llamamiento a juicio, se le ordenó la detención en firme. Esta figura, incorporada en el Código de Procedimiento Penal en 2003, fue decretada como inconstitucional. Pese a ello, a Portocarrero le mantuvieron la medida, inclusive cuando ya se había cumplido el límite para estar detenida.
El 18 de octubre de 2006 presentó un recurso de hábeas corpus, que fue negado y el 16 de julio de 2007 acudió a la CIDH por la vulneración de sus derechos, con el apoyo de la Clínica de DD.HH. de la U. San Francisco de Quito.
Por las irregularidades en su proceso, por el que estuvo detenida entre el 30 de agosto de 2005 y el 14 de mayo de 2008, la CIDH determinó el 24 de febrero de este año que el Estado vulneró sus derechos y recomendó su reparación inte- gral, tanto económica como de disculpas públicas.
Advertencia
En el acto celebrado ayer en el Complejo Judicial Norte, en Quito, tanto el director general de la CJ, como el vocal temporal Aquiles Rigail reconocieron que el Estado cometió un error y advirtieron a los operadores de justicia que esas conductas no se pueden repetir porque “no pueden atentar contra los Derechos Humanos de las personas”, dijo Rigail.
“Este es un mensaje al resto de operadores de justicia. Todavía existe un manejo indiscriminado de la medida cautelar de prisión preventiva, muchos no logran entender su caracter excepcional”, señaló Vizueta.
También se abrirá una investigación para determinar a los responsables de que Portacarrero haya permanecido en la cárcel por más tiempo del que debía. Y, de encontrar responsabilidades, se establecerán los sumarios administrativos que correspondan.
“Hay una falla en el sistema judicial, que está llamado a cambiar”, insistió la vocal temporal Angélica Porras, antes de entregarle a Portocarrero la resolución del CJ con el acatamiento de las recomendaciones de la CIDH.
El monto de la reparación económica será confidencial.