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Huecos en la Ley Legislativa no muestran una ruta clara a la hora de cesar a un parlamentario
Los recovecos en la Ley Legislativa llevaron a que el pasado jueves, los asambleístas en el Pleno se enfocaran más en cómo destituir a uno de los suyos, que en las votaciones para destituir o no a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo.
No es la primera vez que esto sucede. Cuando José Serrano fue destituido de la Presidencia, se logró con una mayoría simple; pero ahora deberá hacerse por una mayoría calificada; es decir, al menos 91 votos.
“La resolución propuesta por el asambleísta Luis Fernando Torres no está sustentada, por lo que es inconstitucional”, comentó Fabricio Villamar, quien sustentó la acusación en contra de Norma Vallejo. Para Villamar, su conciencia “está tranquila” ante el trabajo que ha realizado para “demostrar estos actos de corrupción dentro del Parlamento”.
Sin embargo, lo que sorprendió a muchos el jueves fue que el asambleísta Fernando Flores (CREO) quien propusiera la vara de los 91 votos, basado en el artículo 131 de la Constitución. La Hora trató de conversar con Flores al respecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Quien sí respondió fue Esteban Bernal, colega de bancada de Flores, quien asumió la sorpresa indicó: “Estaremos vigilantes ante este tipo de acciones dentro de la bancada, no puede ser posible que dos asambleístas estén llevando a cabo una investigación y venga un colega de bancada a tratar de colocar trabas”.
Tanto la asambleísta Vallejo como Espín renovaron su oxígeno dentro del parlamento. Espín debió entregar antes de ayer más pruebas para su defensa y se espera que para el martes el
91 se requerirán para las destituciones.
tema se toque dentro del Pleno una vez más.
Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, consideró que las acciones tomadas la noche del jueves demuestran que hay ‘espíritu de cuerpo’ para no sancionar a Espín y Vallejo. “Se evidenció conflicto de intereses”, aseveró
Consideró que también hubo la clara intención de ganar tiempo para proteger a las asambleístas, así como el “lamentable” hecho de que se confunda instancia política con judicial. “La mala imagen del órgano legislativo se profundiza con este tipo de comportamientos”, añadió.