Impunidad de la ilegalidad

La oferta del crimen organizado es peligrosa, pero rentable. Además, quienes permanecen en sus puestos están tentados por la corrupción; recordemos altos oficiales en prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Es urgente consolidar una Policía bien entrenada, bien pagada y unificada bajo un mismo mando. Hoy no podemos prescindir de ello en las calles, pero tam-

poco es prudente dejar a los responsables de vejaciones sin castigo por temor a molestar a quienes arriesgan su vida. La vida de los ciudadanos no puede estar a merced de nadie que base su poder en las armas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusa por, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y atentados a la propiedad, entre otros delitos. El Fiscal, la semana pasada nos habló de esta mala práctica. Sería de esperar que si el gobierno da credibilidad a dicha comisión, reaccione con energía. Si la CDH documentó y evidenció las violaciones a los derechos humanos, tendrán que tomar medidas para garantizar que la incursión de la policía en las calles sea menos costosa para la ciudadanía.

Si la Policía niega que actos indebidos de sus elementos ha-

yan causado la muerte de personas, o que se haya detenido de manera arbitraria y torturada mediante ahogamiento y toques eléctricos, o que muchos permanezcan desaparecidos tras ser detenido por policías para luego ser encontrado muerto con huellas de tortura, deberá dar los elementos que refuten el trabajo. De no ser así, tendría que señalar responsabilidades entre sus miembros. La guerra contra la delincuencia tendrá riesgos, pero ni siquiera bajo un escenario de guerra puede justificarse homicidios, torturas y demás vejaciones.

La solución no es ignorar las denuncias, sino resolver los problemas para que, sin prejuicios, la sociedad, los actores sociales y los medios de comunicación evalúen el trabajo también con base en sus aciertos.