Alfredo Adum no rindió su versión en Fiscalía
El nombre de Alfredo Adum ha estado en boca de la ciudadanía durante las dos últimas semanas. Su carrera política está ligada al apellido Bucaram. La militancia en el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) lo llevó a ocupar el sillón del Ministerio de Energía durante el Gobierno de su amigo, Abdalá Bucaram.
Adum, exprefecto del Guayas, también ocupó una curul en el entonces Congreso Nacional, en 1988. Durante las elecciones seccionales de 1996 se postuló para la Alcaldía de Guayaquil por el PRE, pero no representó rivalidad para León Febres Cordero, quien lo superó ampliamente.
Su data de empresario fue clave para el financiamiento de la candidatura de Bucaram a la presidencia, en 1996. Al ganar las elecciones, su amigo lo nombró Ministro de Energía y Minas.
En ese cargo, sus intervenciones en medios de comunicación fueron marcadas con fuertes declaraciones que rayaban en lo violento.
El, además abogado, reconoció recientemente ser el propietario de la avioneta en la que se accidentó Daniel Salcedo, hoy procesado por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos para el Hospital del IESS Los Ceibos.
De acuerdo con la teoría que maneja la Fiscalía, el joven empresario habría intentado escapar en la aeronave con matrícula adulterada, pues ya tenía una orden de detención por actos de corrupción.
Adum se ha apartado de esta causa, justificando que su avioneta fue robada y que desconoce por qué sobrevolaba cielos peruanos con el implicado a bordo.
La noche del martes, la Policía informó que el exmilitante del PRE fue retenido, Vía a la Costa, con fines investigativos, en la provincia del Guayas. Según la institución, planeaba “fugar del país” junto a su esposa.
Cerca de las 03:00 de ayer, sufrió un resquebrajamiento en su salud y fue trasladado a una casa de asistencial. Adum fue liberado sin que haya rendido una versión la Fiscalía. Aunque ha dicho que lo hará, no ha precisado cuándo ni a qué hora acudirá al Ministerio Público.
Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó -en segundo y definitivo debatela derogatoria del Libro Tercero que componía el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana del Estado (Coescop).
Esta normativa, aprobada en junio de 2017, sugería la conformación de un “servicio de protección pública” del que podían disponer autoridades, como el residente e instituciones públicas, como la Asamblea Nacional, Ministerios, Contraloría y Fiscalía.
El proyecto de reforma fue enviado al presidente Lenín Moreno para su veto o aprobación.
El asambleísta César Carrión (CREO), ponente de esta propuesta, señaló que el correísmo pretendía tener un “cuerpo civil armado” que responda incondicionalmente a sus intereses y que opere al margen de las atribuciones que la Constitución le da a la Policía y las Fuerzas Armadas.
“Los gobiernos totalitarios, como el que vivimos, no confían en las Fuerzas Armadas y quieren tener su propia seguridad.
La derogatoria del Libro III es un paso grande para restaurar la institucionalidad”, dijo.
La propuesta del Servicio de Protección Pública no se cristalizó; sin embargo, al estar cobijado por el Coescop, cualquier mandatario podía conformarlo, como era la pretensión del régimen de Rafael Correa.
Carrión aseguró que este cuerpo de protección iba a tener un mando jerárquico de las mismas características que tiene la Policía. Aunque en la normativa derogada no se especificaba si usarías armas, sí precisaba que se podía usar medios disuasivos para reducir cualquier riesgo que perjudicara la integridad de un dignatario.
La creación de este grupo, además, ya presentaba cinco demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Según el legislador, contraviene el artículo 158 de la Carta Magna, que establece las tareas específicas de las instituciones, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y orden público.
Mario Pazmiño, experto en seguridad, respaldó la decisión de la Asamblea. Cree que esta derogatoria evita la creación de grupos paramilitares que puedan desestabilizar el orden constituido.
“No solo eran los cuerpos de seguridad. A estas estructuras se anexaban los medios aéreos dependientes de la Presidencia de la República”, dijo.
El exdirector de Inteligencia indicó que la intención del anterior régimen, al conformar estos grupos, fue la de mantener el control mediante una fuerza privada que esté a las órdenes del Presidente.
Sin embargo, señaló que, esto sí ocurrió con una estructura que se organizó dentro de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), entidad que, a su criterio, se usó para perseguir a detractores políticos y periodistas.