RADARES TRAMPOSOS
El 4 de junio de 2019, una clara y explícita sentencia de la Corte Constitucional declara que toda contravención detectada por un aparato electrónico de esta naturaleza, no puede generar multa alguna sin que el conductor o, en su defecto, el dueño del vehículo haya sido debidamente notificado y, con esto, haya podido ejercer la posibilidad de impugnar el acto administrativo.
La notificación, además, no puede asumirse materializada por la simple publicación de la citación en la página web de la AMT, la ANT, la CNT o cualquier otra institución, sino que debe poder ‘probarse’.
Muy distinto es lo que ocurre en varias urbes del país, en las que los usuarios están a merced del sistema extorsionador de los radares de velocidad, sin quitar méritos al rol del control de velocidad para evitar accidentes y la pérdida de vidas.
En Quito la Agencia Metropolitana de
Tránsito no acepta impugnaciones en tanto la multa no haya sido pagada. Hay denuncias por mala calibración de los radares, incluso demostradas por peritajes independientes. En vías interprovinciales, se denuncia radares colocados sin criterio técnico y sin visibilidad, por ejemplo, lo que refuerza la sospecha de que el afán es uno de recolección y no de prevención.
En otras ciudades, la concesión del servicio, así como de la gestión del cobro de multas, provoca una situación de indefensión incluso del gobierno local ante el ‘consorcio’. Pese a la solicitud de las autoridades de suspender la emisión y cobro de multas, durante la emergencia sanitaria, la empresa privada amenaza con acción legal por “incumplimiento del contrato”.
El volumen de dinero recaudado por estas multas parece ser tal, que justifica el silencio de todos los actores, menos de sus víctimas.