M. de Salud: 8 días para determinar casos sospechosos de Covid en waoranis
La justicia otorgó medidas cautelares parciales a la nacionalidad Waorani, que alega un mal manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 por parte de las autoridades gubernamentales, poniendo en riesgo la vida de la comunidad.
La nacionalidad informó de que la resolución judicial llegó 27 días después de haber interpuesto la petición de medidas por el avance de del Covid-19 en su territorio, extendido en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana.
"La justicia ecuatoriana nos da la razón en nuestra petición de medidas cautelares, frente al grave incumplimiento y la ausencia del Estado ecuatoriano durante la pandemia",
Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani, dijo que los waorani, así como los integrantes de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento, "se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía, y lastimosamente, la respuesta del Gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia ".
El fallo dictamina que en ocho días el Ministerio de Salud Pública deberá determinar casos sospechosos de Covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades woaranis.
Además, proporcionará a los centros y subcentros de Salud de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria.
Los gobernadores de Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las autoridades waoranis, deberán entregar provisiones suficientes y propias de la comunidad en un plazo de ocho días.
De igual forma, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están obligados a presentar acciones de vigilancia y control realizadas al personal que trabaja en empresas cercanas al territorio, en especial las petroleras nacionales y extranjeras.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe presentar un informe de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria, con respecto a las actividades de minería ilegal, madereros ilegales, entre otros.
El presupuesto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) manejará en las próximas elecciones se oficializaría entre martes o miércoles de la siguiente semana, así lo informó el consejero José Cabrera, quien, además, aseguró que no tiene todavía una cifra en concreto.
El funcionario explicó que de la aprobación de estos recursos, por parte del Ministerio de Finanzas, dependerán algunas decisiones de cara al proceso electoral que, de acuerdo al calendario aprobado, será el 7 de febrero de 2021.
Cabrera reconoció que el sistema informático de la institución es obsoleto y que posiblemente parte del dinero se emplee en el alquiler de equipos o un data center para el procesamiento de datos. Agregó que ve compleja la posibilidad de la compra de estos insumos, pues debería entrar a un proceso de subastas y pruebas informáticas, eso podría rebasar a la fecha de los comicios. Sin embargo, recalcó que el país no se puede arriesgar a enfrentar las elecciones con equipos obsoletos, refiriéndose a los servidores en los que se almacena la información del sufragio.
Nelson Marroquín, experto informático, aseguró que el CNE no se encuentra tecnológicamente preparado para las próximas elecciones. Según dijo, el Pleno del organismo electoral no ha socializado la implementación de un nuevo sistema que garantice el éxito de la contienda. “No les han confirmado el presupuesto y quizá por eso no se sabe si tienen planeado adquirir una nueva plataforma”, señaló.
Marroquín explicó que el sistema adolece de males, como la falta de consistencia en la base de datos que, a su criterio, no está consolidada en un mismo servidor.
La opción para que los votantes acudan a las urnas en dos o tres días consecutivos se diluyó. El CNE definió que las elecciones se harán en una sola jornada, de 07:00 a 17:00, como establece el Código de la Democracia.
Para evitar aglomeraciones está previsto agregar nuevos recintos electorales a nivel nacional y disminuir el número de votantes por mesa, de 300 a 150. Para el consejero Luis Verdesoto ese es el número que se debería manejar, tomando en cuenta las disposiciones del distanciamiento social.
“Los recintos deben ser lugares abiertos. No pueden ser coliseos o aulas”, planteó.
Enfatizó, además, que las elecciones deben darse con cuatro condiciones mínimas: auditoría de padrones, del sistema informático, del sistema de firmas y que exista una unidad especializada para el control de gasto electoral.