Pensiones alimenticias: el sistema no ayuda y la situación se agrava

das de incidentes de rebaja de pensión, recién desde la semana pasada el CJ puso a trabajar a sus citadores para notificar a la contraparte.

Mediante un comunicado, la institución explicó que el pasado viernes se realizó la capacitación técnica para que los funcionarios conozcan el contenido del Reglamento para la Gestión de Citaciones Judiciales.

En su experiencia, Regalado ha evidenciado que una demanda de reducción de pensión puede durar desde 6 meses hasta 2 años.

Además, aseguró que esta emergencia sanitaria hizo que miles de personas pierdan su empleo, lo que generó una reducción en la recaudación de rubros que los alimentantes depositaban en el SUPA.

Pese a ello, el sistema no los exime de continuar haciendo el pago, aunque sus ingresos hayan mermado y que incluso estas obligaciones puedan trasladarse a sus familiares cercanos, denominados como obligados subsidiarios, que actualmente llegan a 657.

La situación del alimentante desempleado se complica cuando el tiempo pasa y no ha regularizado su situación respecto a los depósitos. Por ejemplo, según Regalado, si un alimentante, que antes de la pandemia pagaba $1.000, decide pedir una rebaja de pensión y el juicio dura tres meses, él deberá cancelar $3.000, pues el nuevo valor regirá a partir de un dictamen judicial.

A ese monto le sumarán otros $3.000, considerando la suspensión de tres meses en las actividades de la Función Judicial por la emergencia sanitaria. Es decir, antes de empezar a cancelar el nuevo rubro tendrá que igualarse con $6.000.