Testigo de Fiscalía reiteró que a Balda lo intentaron desaparecer
En el segundo día de audiencia de juicio contra Pablo Romero, extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain), por el secuestro del Político Fernando Balda, la Fiscalía presentó, como parte de su prueba testimonial, pericial y documental a Gina Navarro, quien trabajó en la Unidad de Crimen Organizado de Colombia.
La perito compareció a la audiencia desde el Consulado de Ecuador en Colombia e indicó que el exasasamlbleísta por el Partido Sociedad Patriótica sí fue secuestrado en ese país en 2012, que lo subieron a una camioneta y además recibió 15 días de reposo médico por los golpes que recibió.
Otro de los testigos que convocó la Fiscalía desde Colombia fue el periodista Herbin Hoyos, quien se especializa en tratar temas de secuestro. La mañana de ayer, vía telemática, dijo que se interesó en el caso de Balda al que calificó como un “secuestro de Estado”. Agregó que, en las investigaciones periodísticas que hizo sobre los hechos, descubrió que por el secuestro de Balda se pagó una fuerte suma de dinero y que la intención de sus captores fue asesinarlo y desaparecerlo. También indicó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que el plagio fue planificado durante más de un año y que, además, se estableció una ruta para concretar el hecho.
De la pericia de estructura de mando de la Senain se encargó María Fernanda Noboa. Ella explicó a los jueces que este organismo funcionó con una ruptura en la línea de mando y que hubo una improvisación de la inteligencia del Estado, al referirse en términos generales sobre la gestión de esa institución.
Los que comparecieron fueron interrogados por las partes procesales.
El juicio de Pablo Romero recién empieza. Se reinstaló la mañana del lunes. Luego de la presentación de la prueba documental, testimonial y pericial de Fiscalía, deberá hacer lo propio el abogado de la defensa, Stalin Oviedo.
La permanencia de cuatro movimientos políticos en los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la discordia entre esa institución y la Contraloría General del Estado que, el lunes pasado, notificó a la presidenta Diana Atamaint y a los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, por una predeterminación de responsabilidades administrativas con posible destitución y multa.
La polémica se da porque, según un examen hecho por el órgano de control, los movimientos Justicia Social, Libertad es Pueblo, Juntos Podemos, y Fuerza y Compromiso Social habrían nacido en el CNE con irregularidades en las firmas presentadas por las organizaciones.
Atamaint, titular del CNE, respondió a las acciones de la Contraloría calificándolas como una “clara intromisión en el proceso electoral” y no descartó iniciar acciones legales para la destitución del contralor Pablo Celi.
Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Medardo Oleas, la Contraloría tiene todas las facultades para analizar la gestión de las instituciones. En este caso, dijo, si se descubren omisiones en el proceso de validación de firmas para favorecer a movimientos otorgándoles personería jurídica, debería ser suficiente argumento para extinguir a estas organizaciones políticas y, además, buscar sanciones penales por una supuesta falsificación de rúbricas.
“No se puede validar un acto ilegal doloso, como es la falsificación de firmas”, apuntó.
La observación de la Contraloría recae sobre las firmas para la inscripción de los movimientos ‘
Ahora esta organización política acoge al correísmo en los procesos electorales.
En una rueda de prensa, Atamaint defendió la gestión del
CNE. Aseguró que sí acogieron las recomendaciones estipuladas en un primer informe de Contraloría, en donde se disponía vigilar los parámetros en que estas agrupaciones se inscribieron.
Agregó que en un segundo documento, el órgano de control instó al Pleno a que se elimine a los cuatro movimientos del registro.
“Esta recomendación de revisar el estatus de los movimientos políticos señalados se cumplió con el voto de tres consejeros, la abstención de uno y ausencia del quinto”, dijo.
Atamaint y los otros dos consejeros deben evitar enfrentarse con la Contraloría y acatar las recomendaciones para suprimir a los movimientos políticos en cuestión, sostiene Oleas. “Es una reacción irresponsable, porque no se trata de cruzar fuegos con la Contraloría”, criticó.