¿Para cuándo?
El Ecuador no es el reflejo de la anhelada institucionalidad requerida; en un país polarizado por las frecuentes luchas de las clases políticas que gobiernan o gobernaron, las pugnas reflejan en gran medida el interés por mantener o recuperar el poder que otorga el ejercicio de la política desde la palestra pública e inclusive para delinquir.
Los tiempos actuales manifiestan que la política no vive de buenas intenciones, si bien es cierto que el presidente Moreno ha declarado la lucha frontal contra la corrupción e impunidad, males practicados por todos los gobiernos sin excepción alguna, sus decisiones aún no aterrizan ni vislumbran un inmediato accionar, a pesar de que en esta semana fue presentada en la Asamblea Nacional su propio proyecto de Ley Anticorrupción.
Mientras el frágil discurso del combate a la corrupción recorre el círculo presidencial, en la Asamblea, institución llamada a ser el fiel reflejo de la ética y honestidad, los “chismes de pasillo” sobre el impuesto al trabajo pasaron de “cuentos” a denuncias y hoy la Fiscalía General, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico investigan estos hechos para determinar responsabilidades.
El diezmo en el legislativo refleja que la descomposición no es exclusiva del movimiento político que gobierna desde el ejecutivo y que goza de un considerable número de asambleístas, ya que algunas denuncias recaen sobre militantes del PSC-MG, de la Bancada de Integración Nacional (BIN) y CREO. Estas acusaciones desprestigian más al legislativo y hoy la mantienen como una de las instituciones de más baja aceptación por parte de la ciudadanía.
Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura Transitorio una bomba de tiempo está instalada: los conflictos entre sus integrantes obligaron a acelerar el proceso de designación del Consejo definitivo. A esto se suman los cuestionamientos al director nacional del Consejo de la Judicatura por su presunto tráfico de influencias. Estos hechos demuestran que nada ha cambiado en el sistema de justicia que el Consejo de Participación Transitorio, amparado en la voluntad popular, prometió cambiar.
¿La cirugía mayor a la corrupción para cuándo?