La Policía no bloqueó la Prefectura de Manabí
La Policía de Manabí espera una petición directa de la Contraloría General del Estado para impedir el ingreso del prefecto destituido Mariano Zambrano, a las instalaciones del Consejo Provincial. Universi Mejía, representante de organizaciones ciudadanas manabitas, dijo a La Hora que presentaron ayer a la Policía una petición para que se bloquee el ingreso de Zambrano a la Prefectura, pero no lo hicieron hasta que la autoridad de control lo solicite por escrito. Esto, mientras en horas de la tarde el Consejo Provincial, que antes ratificó a la autoridad de elección popular en el cargo, seguía tratando el tema en una reunión ampliada. De ahí que Mejía señaló que los ciudadanos esperan acciones puntuales del Estado, toda vez que desde que ocurrió el terremoto del 16 de abril del 2016, la provincia aún no ve la reconstrucción terminada. (DAB) representaron a la Cartera en la audiencia.
Beneficio
La prelibertad, nombre que se utilizaba en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y que ahora se conoce como régimen abierto o semiabierto en el Código Penal, consiste en la salida anticipada de la cárcel tras cumplir ciertos requisitos (ver recuadro), explicó la abogada de Inredh (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos), Gabriela Flores.
Debido a que el sistema de rehabilitación social está a cargo del Ministerio de Justicia, esta institución es la encargada de emitir los certificados del cumplimiento del porcentaje de la pena y del resto de requisitos.
Sin embargo, el Código Penal establecía en su disposición transitoria vigésima primera que esto se daría “hasta que se nombren a los jueces de garantías penitenciarias”, hecho que todavía no ocurre.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pi- chincha, está de acuerdo con la medida. Considera que “si es que existe un esquema sistemático que garantiza la impunidad de los grandes casos de narcotráfico, es adecuado que se investigue casa adentro por parte del Consejo de la Judicatura”.
Esto porque “se reconoce que no son hechos aislados”. A su criterio, “cualquier investigación tiene que ir hacia analizar si los jueces que han autorizado estas prelibertades lo han hecho cumpliendo los requisitos o si han sido decisiones arbitrarias”.
Merlo mostró preocupación por lo ocurrido con Castro porque, según dijo, los certificados solicitados por la jueza de Guayaquil, fueron otorgados en 48 horas, cuando usualmente esos trámites se demoran alrededor de cuatro meses. Además, el ministro de Justicia, Ernesto Pazmiño, en una rueda de prensa el lunes, señaló que existen casos que están en trámite durante siete meses y todavía no se resuelven, pero que el de Castro fue rápido. Un juez es quien resuelve si se otorga o no el beneficio al sentenciado.