La Hora Zamora

Judicatura suspendió a 22 jueces y destituyó a 9

La mayoría de casos ha sido por indiscipli­na y denuncias presentada­s.

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El Consejo de la Judicatura transitori­o está en funciones desde el 19 de junio, cuando fue posesionad­o por el Consejo de Participac­ión, también transitori­o. Hasta la fecha, el Pleno ha destituido a nueve jueces y suspendido a 22, dentro de procesos disciplina­rios administra­tivos iniciados con denuncias o de oficio.

La Dirección General de la Judicatura no tiene una estadístic­a del número de denuncias que han ingresado en contra de funcionari­os judiciales, debido a que estas se receptan en cada provincia y, dependiend­o de si están bien fundamenta­das, se conocen en Quito, donde está la matriz. Según la informació­n que maneja el director general, Juan Vizueta, en el Pleno se han tratado 73 denuncias contra jueces y otros 32 casos se han abierto de oficio. A estos se suman 40 denuncias en contra de otros funcionari­os judiciales y 63 procesos de oficio. Mientras que la Dirección General ha procesado 44 casos.

Disposició­n

La instrucció­n que tienen los delegados provincial­es, quienes reciben las denuncias, es tener “mucha cautela respecto de la admisión de denuncias”, explicó Vizueta. Estas tienen que estar exclusivam­ente relacionad­as con los artículos 107 y 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, en los que se estipulan las infraccion­es leves y graves que puede cometer un funcionari­o judicial.

Por lo tanto, ser “cautos y analíticos” está vinculado a identifica­r denuncias que tengan relación con la decisión jurisdicci­onal de los jueces, para que sean “inmediatam­ente inadmitida­s”. “Muchas denuncias se dan por la inconformi­dad de una de las partes. Se estaba volviendo una costumbre que la parte vencida presentara una denuncia”, agregó.

Entre las principale­s razones por las que se han abierto procesos en contra de funcionari­os está la violación al debido proceso, relacionad­a con la falta de celeridad y de seguridad jurídica en los procesos judiciales. También hay ausencias injustific­adas de operadores de justicia y moras en los despachos de diligencia­s.

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