495 jueces y fiscales a investigación en la Judicatura LaSMesaSporSlaS V erdadSySJusticiaS presentóSinformeS preliminarSsobreS persecución.
La Mesa por la Verdad y Justicia, impulsada por el Consejo de la Judicatura transitorio, entregó un pedido a esa institución para que inicie procesos administrativos en contra de 495 jueces y fiscales, cuyos nombres surgieron durante la investigación que se realizó durante más de tres meses.
La Mesa presentó un informe preliminar de su trabajo, el cual inició con la recopilación de los expedientes. Se presentaron 1.435 casos, de los cuales 300 completaron la información y 247 estaban vinculados a persecución política.
De estos, se identificó a los funcionarios judiciales que serán investigados por la Judicatura, en los que se incluye a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y fiscales provinciales. En algunos casos, la misma persona fue nombrada RESULTADOS.SLas víctimas de la persecución estuvieron ayer en la presentación del informe de la M esa por la Verdad y Justicia. PAÚLSJÁCOME hasta en 48 ocasiones.
Una vez que se abra el proceso en su contra, podrán presentar elementos de descargo para su defensa, explicó el presidente de la Mesa, Paúl Jácome. Él también fue perseguido, dentro del caso de los ‘3 de Cotopaxi’.
LosSresultados
La Mesa, junto con el apoyo técnico de la Escuela de la Función Judicial, analizó la información
proveniente de los expedientes y de 24 audiencias públicas y entrevistas reservadas. La conclusión a la que llegó es que durante el correísmo se creó un patrón de persecución, con un Estado autoritario que buscaba impedir cualquier disidencia, dijo Jácome.
La persecución tenía tres características, según la vocal Angélica Porras. Era sistemática y dirigida a un grupo de personas que se opusieron al Gobierno, quienes “criticaron, denunciaron corrupción y eran líderes sociales”.
Segundo, fue estructurada. “Tuvo coordinación entre las diversas instancias del Estado. Esto no habría sido posible sin la metida de mano en la Justicia”, agregó. Finalmente, los jueces no cumplieron con su deber. “No fueron capaces de resistir la influencia del poder político”.
DuranteSelScorreísmoS
Así, se evidenció que los casos iniciaron en 2007, cuando Correa entró a la Presidencia, pero se intensificaron en 2010 (ver infografía). El 59% de las víctimas eran profesionales, “de los sectores medios que venían reclamando derechos y justicia”, a los que se sumó un 15% de agricultores y ganadores, indígenas que cuestionaron y rechazaron las actividades extractivas en sus territorios, añadió Jácome.
Los perseguidos, además, eran jóvenes. El 77% correspondía a personas que actualmente tienen entre 30 y 60 años.
El informe preliminar será entregado a las víctimas, a organizaciones de Derechos Humanos y a universidades para que realicen observaciones hasta el 28 de este mes. Después de ese plazo se consolidará el informe final que será entregado en enero. Además, la Mesa plantea continuar su trabajo con la Judicatura permanente, para lo cual solicitará el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. El procurador general, Íñigo Salvador, ratificó ayer que el Estado ecuatoriano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que levante las medidas cautelares otorgadas el 12 de abril al equipo periodístico de El Comercio y que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) concluya con su trabajo en el cronograma fijado inicialmente.
“Las medidas cautelares ya perdieron razón de ser desde el momento mismo en el que fueron asesinados”, indicó el procurador. La primera disposición de la CIDH fue que se salvaguardara la vida y la integridad del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Pero, un día después de otorgadas, se confirmó el asesinato.
A su criterio, se podrían modificar o dictar nuevas medidas.
Investigación
Según Salvador, esas peticiones no afectan la investigación que realizan las fiscalías de Ecuador y Colombia. En la CIDH se afirmó que el secuestro y el asesinato se dieron en territorio colombiano. No obstante, ayer dijo que podrían VIAJE.SEl procurador general, Íñigo Salvador, estuvo la anterior semana en Washington, EE.UU.
existir otras hipótesis durante la indagación previa.
“De momento, el hecho de que el delito se cometió fuera de Ecuador, es una de las hipótesis. Si llega a ser desvirtuada, se perseguirá el delito aquí”, dijo y agregó que también podría involucrarse a otras personas.
Además, señaló que no considera necesario que el trabajo del ESE se prolongue, como solicitaron los familiares de los periodistas. “El ESE es un mecanismo de apoyo, no es el órgano competente para realizar la investigación misma”.
EL DATO