JUECES DE CCR DEJARON PERDER JUICIOS POR CORRUPCIÓN EN ANDA
El Estado no podrá recuperar $150,000 de tres casos, entre estos dos relacionados con corrupción en ANDA por licitaciones a SETERS en 2000 y otro por desórdenes administrativos del Hospital de Maternidad.
Nadie pagará por irregularidades detectadas en dos contrataciones en ANDA e irregularidades en el Hospital de Maternidad. La razón: jueces de la Corte de Cuentas de la República (CCR) dilataron tres juicios que caducaron en 2006, por lo que el Estado dejó de percibir $150,169.31. Para evitar la caducidad, los jueces de cuentas tenían que notificar a las instituciones fiscalizadas las irregularidades que revelaron las auditorías en los tres casos, pero no lo hicieron. Por eso el presidente de la CCR, Johel Valiente, denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) a la jueza de cuentas Rosa Guadalupe Jiménez Larín y al juez interino Mauricio López Ardón, ambos de la Cámara Cuarta de Primera Instancia, por “el posible cometimiento de ilícitos penales contemplados en el título XVI del Código Penal vigente”, que incluye los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en los artículos 320 y 321.
Los dos jueces dejaron cadugún car dos exámenes especiales a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): uno relacionado con el “proceso de licitación pública 29/11 y ejecución del contrato 221/2001 suscrito entre la empresa SETERS S. A. de C. V. y ANDA” y el otro era un examen especial al “proceso de contratación directa y ejecución del contrato 17/2000” suscrito por la misma empresa con ANDA, se- la denuncia presentada en la Fiscalía el pasado 11 de mayo.
Esas irregularidades tenían relación con el caso que la Fiscalía siguió en contra del expresidente de ANDA Carlos Augusto Perla y tres exgerentes de la autónoma junto con otras 16 personas más, por aceptar sobornos para otorgar las licitaciones a la empresa SETERS (y a otras 10 empresas más, según explicó en esa época la FGR).
En el examen al primer contrato, el Estado dejó de percibir multas por $106,705.64 y en el segundo no pudo recuperar $42,802.60. Estos dos montos eran en concepto de multas impuestas por las irregularidades que la Corte encontró tras las auditorías.
Según los exámenes especiales que realizó la Corte de Cuentas, la licitación fue ganada por SETERS para suministrar repuestos y actuadores para plantas de bombeo en el río Lempa, accesorios para las plantas de bombeo, reparación del sistema eléctrico y un sistema de bombeo eléctrico. Todo esto tenía un valor de más de $12 millones.
De acuerdo con los exámenes especiales, cinco de las siete personas que conformaban el comité evaluador de ofertas, para otorgar las licitaciones, “no estaban autorizadas por la junta de gobierno de ANDA para desarrollar esa función”.
Pero eso no es todo: los exámenes especiales también revelaron que nunca hubo controles para verifi-
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CCR JOHEL HUMBERTO VALIENTE, “Aclarar que estos juicios caducados son de administraciones anteriores. Pero mi deber es denunciar el posible cometimiento de ilícitos, por eso fui a la Fiscalía para que investigue”.
car los resultados de los trabajos de la empresa SETERS.
“No existen libros de bitácoras de ejecución y supervisión de los trabajos que realizó SETERS en plantas de bombeo”, dice literalmente uno de los exámenes.
La última irregularidad que el examen especial menciona es que nunca existió evidencia de los repuestos cambiados y devoluciones de los materiales reemplazados por SETERS.
Por estas licitaciones y contratos directos cuestionados por las auditorías que los dos jueces dejaron caducar, Perla y 19 personas más se repartieron el 10 % de lo que costaban los suministros y las obras que realizó SETERS. El expresidente de ANDA fue condenado a 15 años de prisión y recuperó su libertad en julio de 2015.
OTRO CASO
Además de los exámenes especiales a ANDA, los jueces también dejaron caducar “la auditoría financiera al Hospital Nacional de Maternidad Dr. Raúl Argüello Escalón, del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2002”. Por desórdenes administrativos en el control de ingresos y egresos en el hospital, la multa que el Estado dejó de cobrar fue de $661.07.
“Quiero aclarar que, como se puede notar por las fechas, estos juicios caducados son de administraciones anteriores. Pero mi deber es denunciar el posible cometimiento de ilícitos, por eso fui a la Fiscalía para que investigue a estos jueces”, dijo Valiente.
El magistrado agregó que internamente también han abierto un proceso disciplinario en contra de los jueces de cuentas, por dejar caducar los tres juicios. Además de estos casos, el jefe de auditoría interna de la CCR, Adán Tomás Zavaleta, notificó al magistrado Valiente que en la Cámara de Segunda Instancia hay 25 juicios que tienen irregularidades (ver imagen).