ENVÍAN A PRISIÓN AL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ
Sacó conversaciones de la vida privada del padre Antonio Rodríguez, obtenidas en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, para luego reunirse con miembros de la Iglesia católica y mostrárselas.
El ex fiscal general de la República, Luis Martínez, tendrá que permanecer recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), al menos seis meses más, mientras espera la audiencia preliminar en su contra por revelar información privada del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño. La jueza Primera de Paz de San Salvador tomó esa decisión debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) evidenció que el exfiscal ordenó sacar los audios de las llamadas telefónicas del Centro de Intervención de Telecomunicaciones (CIT), acción que es ilegal, para divulgarlos en una reunión con líderes de la Iglesia católica.
“La reunión fue con el nuncio apostólico, el arzobispo de San Salvador, el superior de los pasionistas y las autoridades de la embajada de España, donde el fiscal se hizo acompañar por una persona y les fue señalando audios de mi vida personal, que todo salvadoreño puede tener”, dijo el padre Toño a LA PRENSA GRÁFICA. Estos audios a juicio de Rodríguez, eran conversaciones que violentaban las normas disciplinarias de la Iglesia católica, pero “que no tenían ningún tipo de relevancia ni eran delitos”.
Las llamadas telefónicas del sacerdote fueron grabadas en el marco de una investigación por sus vínculos por pandillas. El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana lo condenó en septiembre de 2014, luego de que este se declaró culpable de los delitos de introducción de objetos prohibidos (celulares) a centros penitenciarios y de tráfico de influencias. Fue en esa coyuntura que el exfiscal Martínez tuvo acceso a las grabaciones telefónicas. Y a pesar de que el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones sanciona hasta con ocho años de prisión a quien “revele, divulgue o utilice de forma indebida” la información obtenida en escuchas telefónicas, el exfiscal lo hizo, según la FGR.
La jueza de Paz decretó ayer la reserva del caso. Antes de esa declaratoria, un fiscal dijo que Martínez intervino el teléfono privado del sacerdote desde 2013
hasta 2014.
“De las 1,000 llamadas que me agarraron, 86 fueron relacionadas con los delitos y después hay vida privada, vida social y vida personal”, dijo Rodríguez.
El lunes, sentado en las sillas que están afuera del juzgado, Martínez no quiso referirse a la acusación. Solo dijo: “Los salvadoreños que vieron mi trabajo no se dejan engañar. Agradezco a todas las personas que me dan apoyo y confío en la balanza de la justicia. Siempre estuve con valentía y coraje enfrentando todo tipo de criminales”, aseguró.
Manuel Cruz Azucena, abogado de Martínez, tenía altas expectativas antes de ingresar ayer al Primero de Paz. Mencionó que la FGR no tenía las pruebas suficientes e iba a solicitar el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, después de la resolución de la jueza, dijo que presentaron documentación pero no fue lo que esperaban. “Respetamos la decisión de la jueza pero no estamos conformes. A estas alturas no puedo presentar el recurso de re-vecotaria”, explicó el abogado.
El extitular de la Fiscalía permanecerá en la DAN por órdenes de la jueza, dijo su abogado.
“Ella (jueza) fue bien clara en decir que debe permanecer en la DAN. Esto debido a que en mayo, El Diario de Hoy dijo que la misma Fiscalía había descubierto un plan para atentar con la vida de Martínez. Les digo también que hay que preservar no solo la identidad de la persona denunciante sino del acusado”, agregó Cruz Azucena.
El exfiscal Martínez también enfrenta otro proceso judicial por los delitos de omisión a la investigación y fraude procesal, acusado de ser parte de la estructura del empresario Enrique Rais. La jueza Séptima de Paz de San Salvador, a diferencia de la del Primero, les otorgó medidas sustitutivas a la detención y estableció fianzas para todos los procesados, así como la obligación de presentarse cada 30 días a firmar a los tribunales en San Salvador. La mayor preocupación de la Fiscalía es que Rais tiene las posibilidades económicas para abandonar el país. Por ende, la Fiscalía anunció que apelaría la decisión de la jueza Évelyn Jiménez.
En la audiencia inicial, que duró casi 30 horas, la jueza decidió no escuchar las grabaciones telefónicas, en las cuales los abogados de Rais crearon prueba falsa para incriminar a otra persona. “La gente sabe de mi trabajo, que lo quieran destruir eso sí no se vale. Siempre hay intereses perversos que lamentablemente tienen al país en estas condiciones”, recalcó Martínez el lunes.
Martínez canceló la fianza de $5,000 por el caso Rais, pero por la divulgación de escuchas telefónicas seguirá en prisión.
“Eran audios que entraban en contradicción con alguna norma disciplinar de la Iglesia católica, pero que no tenían ningún tipo de relevancia ni eran delitos”. ANTONIO RODRÍGUEZ, SACERDOTE CATÓLICO, VÍCTIMA EN EL PROCESO “Nuestra estrategia es desvanecer las acusaciones. La jueza tomó una decisión y hay que respetarla. Nosotros presentamos documentación pero no fue suficiente a criterio de la jueza”. MANUEL CRUZ, ABOGADO DE LUIS MARTÍNEZ “La gente sabe de mi trabajo, que lo quieran destruir eso sí no se vale. Siempre hay intereses perversos que lamentablemente tienen al país en estas condiciones que tenemos”. LUIS MARTÍNEZ, EX FISCAL GENERAL, IMPUTADO EN EL CASO “Quedará detenido en la DAN porque hay que preservar la integridad de su vida. Si pone un pie en un penal puede ser asesinado, por el cargo que tuvo y lo que hizo durante ese cargo contra criminales”. MANUEL CRUZ, ABOGADO DE LUIS MARTÍNEZ