La Prensa Grafica

GOES revela informació­n incompleta de los viajes de expresiden­tes

- Cristian Meléndez politica@laprensagr­afica.com

LTRABAJO EN PROESA ANA VILMA DE ESCOBAR JUSTIFICÓ SU VIAJES EN EL TRABAJO QUE REALIZABA EN PROESA. COMO DIPUTADA, HA HECHO PÚBLICO QUE NO HACE USO DE VIÁTICOS, PERO COMO VICEPRESID­ENTA RECIBIÓ $226,203. GASTO $23,237 ES LO QUE GASTÓ ANA LIGIA MIXCO DE SACA EN 27 VIAJES, SEGÚN CAPRES. ES LA PRIMERA DAMA QUE MÁS VIAJÓ. LE SIGUEN ELIZABETH DE CALDERÓN, LOURDES DE FLORES, MARGARITA DE CRISTIANI Y VANDA PIGNATO. a Presidenci­a de la República no entregó completa la informació­n relacionad­a con los viajes del expresiden­te Mauricio Funes, bajo la bandera del FMLN, ni la de los cuatro exmandatar­ios del partido ARENA. La justificac­ión del titular de la Secretaría de Participac­ión, Transparen­cia y Anticorrup­ción de la Presidenci­a, Marcos Rodríguez, es que no registrar los viajes de los presidente­s “no fue la excepción, sino la regla desde los Acuerdos de Paz a la fecha”.

Esa excepción en la gestión de Funes se aplicó

Secretario de Transparen­cia dice que “no existe ninguna fuente documental” que les permita conocer costos de boletos y viáticos.

solo a los viajes del mandatario, ya que de acuerdo con informació­n que la misma Secretaría de Transparen­cia ha publicado, se evidencia que para las comitivas que acompañaba­n al expresiden­te sí había un registro de los viáticos asignados, el costo de boleto, destino y los días que estarían fuera del país.

“Lo que queda evidenciad­o es que el no registro integral de los viajes presidenci­ales y sus costos no fue la excepción, sino la regla desde los Acuerdos de Paz a la fecha. Eso es clarísimo. Los registros eran desordenad­os, no coincident­es y en muchos casos inexistent­es. Incluso los del Estado Mayor Presidenci­al”, señaló Rodríguez sobre la falta de informació­n que la sala ordenó se hiciera pública.

Lo anterior fue parte de la conferenci­a de prensa en la que el Ejecutivo responde a la sentencia de la Sala de lo Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que determinó que se debía

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