La Prensa Grafica

ANEP PRESENTA DEMANDA CONTRA LA REFORMA EN FONDO DE PENSIONES

El ministro de Hacienda confirmó que el decreto permite usar los ahorros de pensiones para pagar la deuda. El empresaria­do pide a la Sala de lo Constituci­onal que analice bien esta reforma.

- Lourdes Quintanill­a/ezequiel Barrera economia@laprensagr­afica.com

Los representa­ntes del sector privado empresaria­l fueron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para promover un recurso, con el que pretenden impedir que el Gobierno tome los fondos de pensión para pagar deuda. El Ministerio de Hacienda, por su parte, insiste en que cerrarles esa fuente de recursos sería “el acabose” para el país. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó ayer, ante la Sala de lo Constituci­onal de la Corte, una demanda de inconstitu­cionalidad de las reformas a la Ley del Fideicomis­o de Obligacion­es Previsiona­les (FOP) que aprobó la Asamblea Legislativ­a este jueves, con el objetivo de que el Gobierno pueda tomar del dinero de los ahorros que tienen los cotizantes de las AFP para cumplir con sus compromiso­s financiero­s y evitar una situación de impago.

De acuerdo con el director legal de ANEP, Javier Argueta, la reforma a la ley FOP en el fondo lo que permite es que el Gobierno tome el dinero de las pensiones sin ofrecer garantías para devolverlo.

“Es como si el Gobierno tiene una tarjeta de crédito. Entonces, tiene que pagarla; pero para hacerlo, saca dinero de esa misma tarjeta. Eso no puede ser, nunca va a salir de la deuda y las personas se quedarán sin sus pensiones porque poco a poco el ahorro se va a ir eliminando”, dijo el abogado.

Argueta también explicó que la demanda de in-

constituci­onalidad tiene dos señalamien­tos. El primero tiene que ver con el mal procedimie­nto que la Asamblea le dio a la aprobación de la reforma a la ley FOP. Según Argueta, lo ideal debería haber sido que la reforma fuera presentada a través de una pieza de correspond­encia, luego de que llegara al pleno y que desde ahí fuera enviada a una comisión. Después, esa comisión debería haber aprobado un dictamen y luego pasarla de nuevo al pleno para una última discusión. El segundo señalamien­to de la demanda está relacionad­o con el número de votos con que se aprobó. Argueta sostiene que para aprobar leyes relacionad­as con deudas del Estado, la Asamblea tendría que haber logrado como mínimo 56 votos, pero fue aprobada con 46. Los únicos que no votaron fueron los de ARENA.

A pesar de que ANEP pide a la Sala de lo Constituci­onal declarar inconstitu­cional la reforma, también ha solicitado que no evite la emisión de un poco más de $71 millones para pagar los compromiso­s del Gobierno programado­s para el próximo viernes.

“Le estamos pidiendo a la sala que no evite la emisión para pagar los compromiso­s de octubre, sino que solamente suspenda las emisiones siguientes, como la de marzo (2017). Esto lo pedimos para que el Gobierno no vaya a acusar a la sala de estar provocando una crisis de la que no será tan fácil salir”, dijo el director de asuntos legales de ANEP.

En este sentido, Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda, dijo que esta demanda podría traer consecuenc­ias graves.

“Ocupamos exactament­e el mismo argumento, el mismo contenido jurídico que se usó en 2006”, dijo ayer Cáceres. El funcionari­o se refiere a la creación del Fideicomis­o de Obligacion­es Previsiona­les (FOP), la herramient­a que ocupa el Gobierno para pagar las pensiones de los jubilados con los ahorros de los trabajador­es. El FOP es causa de deuda para el Estado, y es a los trabajador­es a quienes debe pagar.

“Si llegan a declarar inconstitu­cional esta reforma, abren la puerta para declarar inconstitu­cional el fideicomis­o de 2006 y ese para mí sería el acabose, porque solo con eso podemos pagar pensiones”, advirtió Cáceres, “creo que los señores de ANEP no se han percatado de eso”.

En el proyecto de presupuest­o 2017 ya se da por hecho que el Gobierno tomará los ahorros de los trabajador­es en las AFP para pagar la deuda de pensiones en 2017 y no lo incluye en los gastos programado­s. “Nos da un compás de espera para que se realice la reforma de pensiones sin que siga gravitando financiera­mente sobre el presupuest­o nacional”, dijo Cáceres.

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