Para que la lucha contra la criminalidad prospere es necesario contar con una política criminal de largo alcance

Es patente sin necesidad de mayores análisis que en lo tocante al punto de la gravísima inseguridad que se vive en el país se van dando en el día a día múltiples situaciones de variada naturaleza, que con frecuencia parecen ser contradictorias. La autoridad está poniendo en marcha diversas iniciativas que se proponen explícitamente ir a golpear en las estructuras criminales operantes en el terreno, pero lo que se vive en las comunidades continúa siendo una gran incertidumbre sobre lo que pueda pasar por los embates del crimen contra los ciudadanos y sus grupos familiares. La gente en el terreno se siente desprotegida, aunque los representantes de la autoridad se hagan presentes de distintas maneras. Y es que el hecho cierto se concreta en el acceso constante que tienen los criminales a las comunidades, mientras la autoridad llega casi siempre cuando ya las acciones depredadoras han ocurrido.

No hay duda de que lo que se ha hecho y se sigue haciendo para hacerle frente al ímpetu criminal no es lo que se necesita para cambiar irreversiblemente el giro de las cosas en función de garantizar seguridad a todos los habitantes del país. Y al ser esto tan notorio en la cotidianidad ciudadana tendría que ser planteada sin tapujos la cuestión sobre lo que hay que hacer en función de ese objetivo superior, que es la base de lo que pueda realizarse en todos los otros ámbitos del quehacer nacional. Si no hay seguridad no hay iniciativa que sobreviva por mucho tiempo, y si no hay iniciativas con capacidad de desplegarse progresivamente no hay desarrollo que pueda cumplir con sus objetivos y con sus proyecciones.

Como apuntan de modo certero los más conocedores de este tipo de temáticas, lo que viene faltando es una política criminal de Estado, que convoque de manera convincente a toda la sociedad a sumarse al empeño. Es decir, hay que comprometerse con toda decisión y firmeza a congregar todas las voluntades en torno a ese esfuerzo integral que podría traducirse en soluciones sostenibles. Y por la propia esencia de tal esfuerzo tendrían que quedar abiertas las dinámicas de acción durante el tiempo que sea necesario, lo cual desde luego trasciende los plazos políticos convencionales. Esta es una misión nacional en el pleno sentido del término, y tomarlo así es lo que daría confianza en los resultados que se esperan.

Viene entonces una labor de conjugación de voluntades que debe proponerse, desde el inicio, trascender los recelos ideológicos para abrirle espacios a la visión nacional por encima de todas las diferencias. Existen muchas dudas sobre la posibilidad de que esto pueda hacerse realidad, porque hasta el momento todas las iniciativas en pro del consenso han sido irrelevantes en los hechos; pero el que no exista otro recurso disponible para superar los trastornos existentes es en sí el mejor argumento que sustenta el imperativo de emprender la lucha con otra visión y con otros objetivos.

Cuando se tenga en acción esa política criminal integradora se podrá ir viendo cada vez con más claridad la perspectiva del cambio en las condiciones imperantes. Hay, pues, que seguir haciendo presiones constructivas en esa línea, pues en definitiva de lo que se trata es de poner en juego todos los factores que abonan a una sana convivencia a la luz del imperio de la legalidad.

SI NO HAY SEGURIDAD NO HAY INICIATIVA QUE SOBREVIVA POR MUCHO TIEMPO, Y SI NO HAY INICIATIVAS CON CAPACIDAD DE DESPLEGARSE PROGRESIVAMENTE NO HAY DESARROLLO QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS Y CON SUS PROYECCIONES.