Hechos y noticias: no hay ninguna difamación
La difusión de la información de las actividades de las entidades públicas es parte del quehacer periodístico en cualquier parte del mundo. A lo largo del globo, los Estados y sus instituciones se han adecuado a prácticas de rendición de cuentas y transparencia en aras de mantener la confianza de los ciudadanos en la administración de la cosa pública.
Y eso fue, precisamente, lo que hizo LA PRENSA GRÁFICA esta semana. Después de conocer información sobre un hecho público que involucra a la población de la capital de la nación, una licitación para un sistema de videovigilancia, se preguntó por la forma en que había transcurrido la licitación y designación de la empresa ganadora. Claramente saltaba a la vista que había algo extraño: una suma millonaria entregada por el gobierno municipal a particulares, obviando ofertas más baratas. Durante el proceso de reporteo de la nota que salió publicada el lunes pasado cabe destacar que, en todo momento, se buscó la posición de la Alcaldía de San Salvador a través de sus personeros.
Pero no fue posible. No hubo ninguna respuesta. Y no es algo de ahora, pues la práctica de la Alcaldía de San Salvador de negar el acceso a la información a los periodistas se ha repetido también cuando se informó del contrato millonario de la iluminación pública, entregado a la empresa colombiana AGM, o cuando se pidió explicaciones de por qué se pagó casi un millón de dólares por tener vacío el Mercado Cuscatlán por muchos meses.
En todo caso, la información que se presentó, en cada una de estas investigaciones, es cierta, está contrastada y cumple con el rigor periodístico. ¿Cuál es la difamación en revelar una actuación irregular de un ente público como lo es la comuna capitalina?
Ya la Sala de lo Constitucional ha sentado el precedente de que los medios de comunicación actúan como fiscalizadores de la actuación de funcionarios públicos.
Cerrarse al escrutinio público a través de la prensa independiente es un mal síntoma en la política. Y se agrava con la amenaza de demandar en los tribunales por una publicación.
E igualmente preocupante es impedir que periodistas puedan participar en una conferencia de prensa por la sencilla razón de que harán preguntas incómodas, que no aplaudirán cualquier ocurrencia y que, en definitiva, cuestionarán cada uno de los detalles y pedirán explicaciones. Ir al fondo y exponer las irregularidades no es difamación. Se llama periodismo. Aunque incomode.