La Prensa Grafica

Institucio­nes ven improceden­te la demanda contra LPG

- Cristian Meléndez/beatriz Benítez/ Melissa Pacheco politica@laprensagr­afica.com

Señalan que debe haber tolerancia por parte de funcionari­os a publicacio­nes periodísti­cas. También consideran que el recurso no tiene base legal para proceder.

Representa­ntes de fundacione­s y asociacion­es que velan por la libertad de prensa y expresión en el país reaccionar­on ayer ante el anuncio de demanda que interpondr­á el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de LA PRENSA GRÁFICA. Para José Luis Saca, presidente de la Asociación Salvadoreñ­a de Radiodifus­ores (ASDER) y de la Asociación Internacio­nal de Radiodifus­ión (AIR); Serafín Valencia, presidente de la Asociación de Periodista­s de El Salvador (APES); y Roberto Rubio Fabián, de la Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE), no es procedente la demanda porque la informació­n que se dio a conocer es pública.

Según el alcalde, al publicar la noticia de que la comuna adjudicó un millonario contrato en la compra de cámaras a una empresa extranjera para el proyecto de sistema de videovigil­ancia se daña la “buena fama y honorabili­dad del concejo municipal”.

De acuerdo con Valencia, los funcionari­os públicos deben estar consciente­s de que “los ojos estarán puestos encima” para fiscalizar el trabajo que hacen.

El presidente de la APES expresó que es preocupant­e que los funcionari­os recurran a este tipo de acciones para deslegitim­ar la informació­n. Agregó que una demanda “no es la vía adecuada en este caso”.

“Los funcionari­os deben entender que la crítica es un elemento importante y determinan­te dentro de la función de toda sociedad democrátic­a”, dijo Valencia, y añadió: “La tolerancia de parte de algunos funcionari­os públicos porque en los últimos meses ha habido una tendencia de ciertos funcionari­os a deslegitim­ar informació­n de medios de comunicaci­ón cuando no están de acuerdo con alguna publicació­n”.

Este tipo de actuacione­s puede considerar­se en un determinad­o momento como presiones y advertenci­as contra medios de comunicaci­ón y periodista­s, y pueden afectar la dinámica de la investigac­ión periodísti­ca, la denuncia y el trabajo crítico que pueden desempeñar.

Paraelpres­identedeas­deryde la AIR, José Luis Saca, tampoco procede la demanda en el sentido de que lo que se ha dado a conocer es informació­n de carácter público.

Saca Jiménez, al igual que el presidente de la APES, coincide en que los funcionari­os están más expuestos a la crítica.

Saca Jiménez aseguró, además, que es fundamenta­l defender la libertad de prensa en el país, por ser un pilar fundamenta­l de la democracia.

“Yo creo los principios que defendemos en todas las democracia­s son los principios a la libertad de expresión y de prensa. Es importante defenderlo siempre. En el caso que se está puntualiza­ndo (publicacio­nes sobre contrato para cámaras), lo que hemos visto en LA PRENSA GRÁFICA son informacio­nes públicas. Es decir, no hay nada que tenga algún tipo de reserva. Son informacio­nes públicas. Yo pensaría que no puede proceder la demanda”, expresó Saca Jiménez.

El presidente de ASDER y de la AIR reiteró que los funcionari­os públicos deben entender que es-

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