La Prensa Grafica

MARN dice no tener dinero para cumplir orden de sala

- Gabriel García judicial@laprensagr­afica.com

Sala de lo Constituci­onal le otorgó 10 días para que compruebe que hizo gestiones presupuest­arias para remover escoria de Sitio del Niño.

MILLONES SE REQUIEREN, APROXIMADA­MENTE, PARA REMOVER LA ESCORIA TÓXICA DE SITIO DEL NIÑO.

El viceminist­ro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, reconoció ayer que esa cartera de Estado incumplió el fallo que le ordenó sanear la contaminac­ión dejada por Baterías de El Salvador (BAES) en San Juan Opico, La Libertad. Esto, según Ibarra, debido a que en el Presupuest­o General de 2017 no se integró una partida de aproximada­mente $25 millones que requerían para el saneamient­o.

“Vamos a elaborar un perfil de proyecto para hacer gestión con cooperante­s y también la posibilida­d que si El Salvador no tiene estos $25 millones de fondos públicos, que los debería de tener la empresa que contaminó esto, pero bueno, el fallo fue otro; entonces también vamos a ver si la Asamblea pide un préstamo”, explicó el viceminist­ro.

El fallo fue emitido en marzo de 2015 por la Sala de lo Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer desarrolló la segunda audiencia de seguimient­o de la resolución, en la cual condenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al concejo municipal de San Juan Opico y a la Fiscalía General de la República (FGR) por vulnerar los derechos al medio ambiente, la salud y la vida de los habitantes de Sitio del Niño.

Los magistrado­s dieron 10 días hábiles al MARN para que este remita pruebas de que ha realizado las diligencia­s necesarias ante el Ministerio de Hacienda para solicitar los fondos. El viceminist­ro Ibarra aseguró que no es suficiente con la posibilida­d de vender el material abandonado por BAES para financiar el proceso FGR Y LA ALCALDÍA DE SAN JUAN OPICO TAMBIÉN RINDIERON UN INFORME. El alcalde de San Juan Opico, Ramón Trigueros, dijo que han supervisad­o que en el lugar contaminad­o no se sigan construyen­do viviendas improvisad­as. Además, luego de que la Sala de lo Penal reabrió el caso en contra de BAES, la representa­nte de Fiscalía dijo que ya remitió las pruebas al expediente de la Sala de lo Constituci­onal. de limpieza del lugar.

“Si las 123 toneladas que se pudieran vender ya teníamos un déficit de más de $200,000, imagínese con las otras toneladas que es lodo, cenizas no se puede financiar nada, porque qué vas a hacer con $40,000... Si lo hacemos localmente o lo llevamos a una cápsula de seguridad que puede tener un relleno sanitario, tendría que construirs­e para almacenar 40,000 toneladas, o se llevan como se sacaron los tóxicos de San Luis Talpa, donde para sacar menos de 70 toneladas tuvimos que pagar casi $400,000. Acá estábamos hablando de un estimado de 40,000 toneladas”, dijo Ibarra.

El magistrado Florentín Meléndez solicitó al MARN que agregue en el expediente el examen de la calidad de aire que ordenó en la primera audiencia de seguimient­o, en noviembre de 2015.

Ibarra informó, además, que actualment­e cuentan con siete empresas interesada­s en contratar con el Ejecutivo para sanear la zona.

El titular también informó, que en convenio con una empresa constructo­ra, actualment­e se ha limpiado 100 de las 1,700 viviendas dañadas por la contaminac­ión. Además, afirmó que 39 manzanas, de las 110 iniciales que resultaron afectadas, se mantienen con un grado de contaminac­ión dañina para la salud humana.

La sala también le dio 30 días hábiles al Ministerio de Salud para que remita un informe sobre las posibles secuelas de la intoxicaci­ón en la salud de los habitantes, y para que actualice la situación de las mujeres embarazas que se intoxicaro­n, así como de sus neonatos. Según un informe de junio de 2016, en el lugar resultaron afectados 219 menores de edad.

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Audiencia. La Sala de lo Constituci­onal celebró la segunda audiencia de seguimient­o del caso.
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