DENUNCIAN TRABAS EN LAS ADUANAS
CIFACIL, comisión que representa a siete cámaras, señaló ayer que la agenda de facilitación de comercio consensuada con el Ejecutivo presenta pocos avances, por lo que urgieron a darle nuevo impulso.
Las siete gremiales empresariales que conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) demandaron al Gobierno salvadoreño pasos más significativos para agilizar el intercambio de mercancías, tanto de importación como de exportación, ante el poco avance que la agenda de trabajo en común ha mostrado en los últimos tres años, según manifestaron ayer sus representantes.
La semana pasada, la DGA decidió rotar al cien por ciento de su personal en todas sus delegaciones. El hecho de que el personal no tuviera a la mano sus accesos electrónicos y la falta de capacitación de los funcionarios, según CIFACIL, provocaron retrasos en los despachos de mercancías. Solo en una de las zonas francas se habían acumulado 212 trámites de importación, exportación e inspecciones físicas, entre otras.
La DGA emitió un comunicado en el que afirmó que las atenciones se habían normalizado con rapidez, y que con la disposición se buscaba combatir la corrupción. El año pasado, CIFACIL contabilizó 42 caídas del sistema informático de aduanas, a razón de tres a cinco por mes. En 2015 fueron 32, aseguraron. Para evitar estos inconvenientes, la comisión pidió la elaboración de planes de contingencia que se implementen cuando ocurran estos percances.
La directora ejecutiva de Cámara Americana de Comercio de El Salvador (Amcham), Carmen Aída Muñoz, consideró que el problema del Gobierno se debe a un incremento en los trámites que ha ocasionado más carga financiera en el presupuesto de la administración pública y ha generado dificultades para el sector productivo, desde ser un desincentivo a la inversión privada hasta un obstáculo para la formalización de la economía. “Lo que se paga en remuneraciones es bastante alto. Lo que tenemos es más trámites y menos eficiencia”, señaló Muñoz, y agregó que traer inversión al país “está complicado porque no hay coherencia entre las políticas públicas, hay una desarticulación en el Gobierno. Hay que modernizar las instituciones y volverlas eficientes”.
En julio de 2014, la comisión empresarial y el Gobierno, representado por el vicepresidente Óscar Ortiz, enumeraron una serie
de 19 acciones para quitar obstáculos al comercio. De las 13 propuestas que presentó el sector privado, solo se han ejecutado dos: la aprobación de las leyes de firma electrónica y de defensa comercial. Sin embargo, ninguna de estas normativas ha podido ser aplicada porque no se cuenta con los respectivos reglamentos.
“A pesar de que la ley de firma electrónica está aprobada, no camina porque no está el reglamento. Somos el único país de América Latina que no tiene ley y eso vendría a ayudar a agilizar todas las operaciones de comercio internacional”, comentó Magaña.
El otro avance ha sido el establecer contactos directos con instituciones como el Ministerio de Salud, CEPA y Ministerio de la Defensa. CIFACIL resaltó que de las seis medidas propuestas por el Gobierno, solo dos han sido ejecutadas de forma parcial. La primera es el prechequeo de documentación aduanera en las zonas francas y la implementación de un plan piloto para echar a andar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA).
Este último plan permite a las empresas inscritas, en razón de su buena trayectoria ante aduanas, avanzar en los trámites aduaneros. No obstante, en el piloto implementado solo una se ha inscrito debido a que aseguraron que “los costos son mayores que los beneficios.
EL ROL DE ADUANAS
La intergremial considera que la administración aduanera tiene como prioridad la recaudación de recursos para el fisco y no la facilitación del comercio.
“Hay mucha desconfianza todavía de ambas partes, nos estamos conociendo apenas. Hemos tenido pocas reuniones, diría que dos en diciembre. Hemos manifestado nuestro interés en trabajar en la agenda”, evaluó Carmen Aída de Meardi, presidenta ejecutiva de CIFACIL. La Dirección General de Aduanas (DGA) cuenta desde hace tres meses con un nuevo director. Durante este período, la comisión empresarial ha observado la implementación de medidas poco “planificadas” que han ocasionado problemas a las compañías que operan en zonas francas y bajo el régimen de la ley de servicios internacionales.
La mala gestión pública resulta en complicaciones para la empresa privada, sostuvo la directora de la gremial, puesto que hay un problema de gasto que se debe atender, aunque al hacerlo “hay consecuencias, hay una contracción de la economía”. Muñoz consideró que el Gobierno debe cumplir la ley de responsabilidad fiscal que surgió tras los acuerdos del año pasado.